Audiencia en Argentina definirá futuro de querella contra expresidente Uribe por falsos positivos
La justicia argentina ha programado para este próximo 14 de abril una audiencia determinante que podría marcar el rumbo de la querella internacional presentada contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El proceso judicial, que se tramita bajo el principio de "jurisdicción universal", busca investigar la presunta responsabilidad del exmandatario en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su gobierno entre 2002 y 2008.
El contexto de la demanda internacional
La acción judicial fue radicada en noviembre de 2023 por once víctimas directas y tres reconocidas organizaciones colombianas de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Estas entidades argumentan que en Colombia no existen avances judiciales suficientes para investigar estos crímenes internacionales.
Según datos oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante el período mencionado se documentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidos como "falsos positivos". Las organizaciones querellantes sostienen que la jurisdicción universal opera como mecanismo subsidiario para evitar la impunidad cuando los sistemas judiciales nacionales no avanzan adecuadamente.
El recorrido procesal y la audiencia crucial
La audiencia del 14 de abril ante la Sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires responde a una apelación presentada por las víctimas y sus representantes. En octubre de 2025, el Juzgado Segundo Federal de Buenos Aires había ordenado archivar la causa, decisión que fue impugnada y elevada a instancias superiores para su revisión.
Ahora, la Cámara argentina deberá determinar si la causa continúa su trámite en ese país o si, por el contrario, se confirma definitivamente el archivo ordenado previamente. Esta decisión representa un punto de inflexión fundamental en la estrategia jurídica internacional impulsada por las víctimas colombianas.
Los argumentos centrales de las organizaciones querellantes
Las organizaciones de derechos humanos han presentado argumentos sólidos para justificar la intervención de la justicia argentina:
- La JEP no tiene competencia legal para investigar a expresidentes colombianos
- La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es un órgano político, no judicial
- No existen en Colombia procesos judiciales ajustados a estándares internacionales para estos casos
- La ausencia de investigación efectiva afecta el derecho a la verdad y justicia de los familiares
La representación legal del caso está a cargo del abogado argentino Máximo Castex y del jurista internacional Bénédict De Moerloose, quienes han enfatizado que la apertura formal de una investigación en Argentina constituiría un paso histórico en la lucha contra la impunidad de crímenes considerados de lesa humanidad.
Implicaciones internacionales del proceso
Este caso trasciende las fronteras colombianas y se inserta en el debate global sobre la aplicación del principio de jurisdicción universal para crímenes graves. Las organizaciones querellantes insisten en que la intervención de tribunales extranjeros se justifica precisamente por la falta de avances sustanciales en el sistema judicial colombiano.
La audiencia del 14 de abril no solo definirá el futuro procesal de esta querella específica, sino que también enviará un mensaje importante sobre la capacidad de las víctimas de acceder a mecanismos internacionales de justicia cuando los sistemas nacionales presentan limitaciones estructurales.
