Consejo de Estado define fecha crucial para audiencia de pérdida de investidura contra senadora Zuleta
El Consejo de Estado ha emitido una resolución trascendental al ordenar la realización de la audiencia pública de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, integrante del Pacto Histórico, programada para el próximo 23 de febrero de 2026. Esta diligencia judicial representa el momento definitivo que determinará el futuro político de la congresista, quien enfrenta graves señalamientos por su presunta participación en el escándalo conocido como el 'Tarimazo'.
Modalidad virtual con posibilidad presencial
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte confirmó que el proceso ha cumplido con todos los requisitos procesales exigidos por la legislación colombiana. La audiencia quedó formalmente fijada para las 2:30 de la tarde y se desarrollará principalmente a través de herramientas tecnológicas virtuales.
La plataforma Microsoft Teams será el medio principal para la realización de esta diligencia histórica, aunque la Sala ha establecido una importante salvedad: si durante el desarrollo de los procedimientos se considera necesario, se informará oportunamente sobre la habilitación de una sala de audiencias física para permitir la eventual asistencia presencial de los involucrados.
Los fundamentos del proceso
El proceso judicial fue impulsado por los ciudadanos William Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados, quienes presentaron las acciones legales que han colocado a la senadora Zuleta en una situación política extremadamente delicada. Las acusaciones se centran específicamente en su participación en la logística de un acto público realizado el 21 de junio de 2025 en el sector de La Alpujarra, en Medellín.
Según las investigaciones y revelaciones presentadas por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, existen pruebas documentales que comprometen seriamente la posición de la legisladora. El expediente judicial incorpora un documento particularmente contundente: una solicitud de autorización dirigida al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), firmada por la propia Isabel Cristina Zuleta López en su calidad de coordinadora del evento.
La evidencia clave
En la misiva oficial, la senadora solicitó expresamente el traslado de internos desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para garantizar su presencia en el acto público con el presidente Gustavo Petro. Esta acción ha sido calificada por los demandantes como indebida e irregular, ya que involucró a cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá que compartieron tarima con el jefe de Estado colombiano.
La controversia se enmarca en un momento político particularmente sensible, justo cuando el presidente Petro ha renovado sus insistencia en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, añadiendo capas de complejidad al ya delicado caso judicial.
Lo que se decidirá en febrero
La audiencia del 23 de febrero se perfila como el momento culminante del denominado "Zuletazo". La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tendrá la responsabilidad histórica de evaluar si la conducta de la senadora, al presuntamente facilitar la movilización de presos de alta peligrosidad con fines políticos, constituyó una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para los congresistas colombianos.
El fallo determinará uno de dos escenarios posibles:
- Que Zuleta conserve su investidura como senadora de la República
- Que se decrete su "muerte política" mediante la pérdida definitiva de su cargo
Este caso sin precedentes cuestiona profundamente los límites del accionar legislativo frente a la población privada de la libertad y establece un referente crucial para la ética política en Colombia. La resolución final marcará un hito en la jurisprudencia colombiana sobre responsabilidad de los servidores públicos y podría tener repercusiones significativas en el panorama político nacional.
