A pocos días de cumplirse el quinto aniversario del 28 de abril de 2021, Cali sigue buscando cómo cerrar las heridas que aún sangran. Entre la construcción de una política pública de reconciliación, los procesos comunitarios y las voces de quienes reclaman justicia, la capital del Valle intenta recomponer su tejido social.
El estallido social como la mayor herida colectiva
En 2024, el Observatorio de Paz de Cali consultó a 727 personas sobre cuál había sido el suceso que más había marcado a la sociedad caleña. La lista incluía tragedias como la guerra entre carteles de los años 80 y 90, la explosión del 7 de agosto de 1956, el secuestro de los doce diputados del Valle (2002) o el asesinato de cinco jóvenes de Llanoverde (2020). Sin embargo, el 33 % de los encuestados señaló el estallido social de 2021 como la mayor llaga colectiva, superando a todos los demás eventos.
Las protestas iniciaron el 28 de abril de 2021 como rechazo a una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque y se extendieron por casi tres meses. Hoy, la ciudad aún intenta entender qué pasó, qué cambió y qué se está haciendo para evitar que se repita.
Una política pública para recomponer el tejido social
El sondeo del Observatorio de Paz no solo fue un diagnóstico, sino el punto de partida de una política pública de reconciliación para la paz que la Administración Distrital lleva ante el Concejo. Nigeria Rentería, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, explica que la política comenzó a construirse desde 2022 con base en encuentros ciudadanos, mesas de trabajo y talleres participativos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, comunidades étnicas, organizaciones de mujeres, consejos de juventud, vendedores ambulantes, organizaciones ambientalistas, universidades, Fuerza Pública, organismos de derechos humanos y población migrante y en proceso de reintegración.
La política se estructura sobre tres ejes: la mediación de conflictos cotidianos, el fortalecimiento de la memoria y una pedagogía orientada a la desestigmatización, la reconciliación y la consolidación de estos procesos en la ciudad. Se espera que antes de que termine el primer semestre de 2026 se cierre la discusión en el Concejo. Mientras tanto, ya hay elementos concretos funcionando, como mediación en marchas, trabajo con barras y articulación con diversas secretarías.
El horizonte es una planeación a diez años. Rentería reconoce que "aún persisten como problema público las dinámicas de violencia en Cali, de conflictividad social, y hay mucha fractura en el tejido social", pero insiste en que la apuesta es que esta política no sea "una letra muerta, sino construida desde la gente".
Semillitas en Siloé: un refugio nacido de la crisis
En Siloé, uno de los epicentros de las protestas, la Fundación Semillitas Somos Todos nació en medio de la organización barrial. Su representante legal, Raquel Rodríguez, recuerda que todo empezó "haciendo ollas comunitarias para mi comuna, porque había mucha falta de alimento por la pandemia del covid". Con el tiempo, la ayuda se estructuró en una "mesa solidaria" que distribuía alimentos a manifestantes y familias vulnerables.
Cinco años después, ese esfuerzo se transformó en un espacio que atiende a 65 niños de entre 3 y 16 años, ofreciendo desayuno, almuerzo y refrigerio. El lugar también funciona como refugio seguro para los niños que quedan solos en casa después del colegio. Aunque las cuatro mujeres que sostienen la fundación no reciben sueldo y operan con autogestión, Rodríguez destaca un cambio importante: "Acabamos con la estigmatización que teníamos. La gente antes no quería venir a Siloé, creían que vivir aquí era malo; ni los propios artistas los traían aquí. Ahora tenemos personas que quieren hacer la ruta de Siloé, quieren conocer La Estrella, quieren venir a apoyar ideas buenas".
La Red Cultural Boicop: incidencia política desde las bases
Otro proceso surgido del estallido es la Red Cultural Boicop, que agrupa actores sociales y comunitarios como primeras líneas, colectivos culturales, artistas, artesanos, grafiteros, académicos y centros de pensamiento. Juan Ortega, uno de sus integrantes, describe su agenda como la necesidad de "incidir políticamente en escenarios donde se nos escuche".
Boicop ha construido alianzas estratégicas con el gobierno nacional, incluyendo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Viceministerio para el Diálogo Social y el Ministerio de Minas y Energías. Sobre el balance de estos cinco años, Ortega afirma que "hay cambios. Fundamentalmente en la forma en que las clases y sectores populares de Cali y el suroccidente nos movilizamos, ya con la certeza de que la movilización es un camino seguro para la exigencia y la conquista de derechos". Sin embargo, advierte que "las condiciones y las razones estructurales que generaron el estallido social persisten, porque la desigualdad persiste como modelo político". Valora como logros la política de financiación de la educación superior y los cambios en materia de salario mínimo vital.
Compromiso Valle: tejer reconciliación desde lo colectivo
En 2021, Compromiso Valle, una iniciativa que conecta al sector empresarial y social, activó un eje enfocado en la transformación de proyectos de vida, con una inversión de alrededor de 38.000 millones de pesos. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, explica que el programa se concentra en jóvenes en altos niveles de vulnerabilidad, apoyándolos con herramientas psicosociales para que puedan tener un proyecto de vida. En cinco años, ha atendido a más de siete mil personas y cerca de mil han logrado acceder a empleo.
La deuda con las víctimas
La reconciliación también pasa por las voces de quienes perdieron a sus familiares durante las protestas. Luis Eduardo López, de 35 años, guarda de seguridad, fue asesinado el 28 de mayo de 2021 en el puente de La Luna, según la Fiscalía, por un miembro del CTI. Su hermana, Leidy Chica Solano, ha sostenido la memoria como resistencia. Con otras mujeres en la misma situación construyó una puesta en escena y ha marchado, se ha capacitado en Derechos Humanos y hoy trabaja como gestora territorial del programa Jóvenes en Paz.
Su insistencia tiene un propósito claro: "Que no se olviden nuestros muertos". Afirma que "aquí hubo una matanza en Cali y en otras ciudades. Son personas a las que les está tocando luchar para hacerse visibles, para que no se les olvide que les asesinaron a ese familiar". Aunque reconoce cambios sociales derivados de las protestas, su principal exigencia es "que nos reconozcan como víctimas, porque eso somos, víctimas del Estado". En ese vacío institucional, Leidy encontró apoyo en organizaciones como El Cinet, La Colcha y la Arquidiócesis de Cali.
