El Consejo de Estado respondió públicamente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra esa corporación y otros sectores de la Rama Judicial. La controversia surgió luego de que la Sección Segunda del alto tribunal extendiera la suspensión total del decreto 415 de 2026, el cual había sido frenado parcialmente dos semanas antes al ordenar el traslado de 20 billones de pesos del ahorro pensional desde los fondos privados hacia Colpensiones.
Comunicado institucional del Consejo de Estado
En un comunicado, el alto tribunal aseguró que las declaraciones del mandatario “requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente”. Advirtió sobre los efectos que este tipo de mensajes pueden tener sobre la estabilidad institucional y la independencia judicial. La declaración, firmada de manera institucional, señala directamente el tono utilizado por el jefe de Estado en redes sociales: “El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido”.
El Consejo de Estado planteó que el debate sobre las decisiones judiciales debe darse “en defensa de nuestra Constitución” y bajo el principio de separación de poderes. “Inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”, señala el texto.
Defensa de la integridad judicial
Uno de los puntos centrales del comunicado gira en torno a la seguridad y legitimidad de los funcionarios judiciales. El Consejo de Estado afirmó que la libertad de expresión “no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto”, especialmente cuando esos mensajes “ponen en peligro la integridad institucional” y “amenazan la integridad física de las personas” encargadas de tomar decisiones judiciales. El tribunal cuestionó que algunos jueces sean señalados públicamente y “se les califica como transgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden”.
Control judicial como garantía democrática
El pronunciamiento también reivindicó el papel de los controles judiciales sobre las actuaciones del Ejecutivo. “Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar”, sostuvo el Consejo de Estado. Agregó que “a poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”. Hacia el cierre del comunicado, la corporación insistió en que el control judicial “no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”, y recalcó que tanto la existencia como la legitimidad del Consejo de Estado “se derivan de la misma Constitución Política”.
La respuesta institucional se conoce en un momento de creciente confrontación entre el Gobierno y distintos sectores de la justicia alrededor de decisiones judiciales y del alcance de los controles sobre el poder ejecutivo.
