La Corte Constitucional, durante la Sala Plena de este martes, declaró infundados los impedimentos presentados por los magistrados y magistradas para apartarse del estudio de la emergencia económica. Esto significa que el análisis del expediente continuará este miércoles 29 de abril, sin obstáculos.
Decisión de la Sala Plena
En la sesión extraordinaria participaron los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Juan Carlos Cortés González y los conjueces Juanita Durán Vélez, Hernando Herrera Mercado, Carlos Pablo Márquez Escobar, Roberto Jesús Núñez Escobar y Gustavo Quintero Navas. Todos ellos declararon infundados los impedimentos presentados por otros magistrados para el estudio de la suspensión de tres decretos expedidos por el Gobierno para atender a ocho departamentos del Caribe.
De esta manera, los magistrados Lina Escobar, Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Natalia Ángel Cabo y Paola Meneses podrán participar en la discusión y tomar una decisión de fondo sobre la emergencia económica.
Motivos de los impedimentos
Los impedimentos se basaron en la posible existencia de un interés en la decisión, debido a que varias universidades donde los magistrados ejercen docencia tendrían que pagar el impuesto analizado en el decreto de emergencia. El magistrado Polo Rosero indicó: “Actualmente me desempeño como profesor de cátedra en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana, y concluí hace unos días unas clases de hora cátedra de posgrado en la Universidad Católica”. Agregó que la decisión sobre suspender provisionalmente el pago de una cuota del tributo “podría impactar en las instituciones educativas en las que ejerzo docencia”.
La magistrada Lina Marcela Escobar también presentó impedimento con la misma base: “Aunque el nuevo impuesto al patrimonio no me cobija directamente, sí impacta en la institución universitaria en la que ejerzo la docencia”. El magistrado Vladimir Fernández, docente de la Universidad Externado; la magistrada Natalia Ángel, docente de la Universidad de Los Andes; y el magistrado Carlos Camargo, docente de la Universidad Sergio Arboleda, alegaron similares razones. La magistrada Paola Meneses añadió que su cónyuge, Luis Fernando Lizcano Zea, es Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol S.A., que debería pagar el impuesto, y que ella es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual tendría que pagar cerca de $9.115 millones por el tributo.
A pesar de estos argumentos, la Sala Plena consideró que los impedimentos eran infundados, por lo que los magistrados deberán participar en la discusión de la emergencia económica presentada por el gobierno de Gustavo Petro a inicios de este año.
