Corte Suprema ordena prisión para dos congresistas por manipulación de testigos en caso UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión contundente este 11 de marzo al enviar a prisión a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes fueron reelectos para el actual periodo legislativo. La medida judicial se fundamenta en el riesgo concreto de que continúen delinquiendo desde sus escaños y, especialmente, en su capacidad demostrada para influir en testigos clave del proceso por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las reuniones que sellaron su destino judicial
El expediente judicial revela que ambos legisladores mantuvieron encuentros separados con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo estrella en la investigación contra cinco congresistas y un excongresista vinculados al entramado corrupto. Estos acercamientos ocurrieron a mediados y finales de 2024, cuando comenzaban a destaparse las capas del esquema criminal mediante el cual el Ejecutivo aseguraba ilegalmente apoyo legislativo.
Según los testimonios registrados:
- La senadora Liliana Bitar (también investigada pero no enviada a prisión) se reunió con Benavides en un apartamento del norte de Bogotá, donde le preguntó específicamente sobre publicaciones en medios y la existencia de un chat entre ambas. La testigo declaró que Bitar le sugirió borrar ese chat, a lo que ella accedió.
- El representante Wadith Manzur sostuvo un encuentro con Benavides en el Centro Comercial Santa Ana de Bogotá, donde le aseguró que "ahí no hay nada, los contratos nunca se dieron", intentando minimizar la gravedad de los hechos investigados.
Influencia política y riesgo procesal
Para el magistrado ponente Misael Rodríguez, estos acercamientos no fueron inocuos. La Corte determinó que ambos congresistas poseen una influencia política y regional significativa que les permite afectar la disposición de testigos y la narración de los hechos. Este criterio se convirtió en el primer campanazo de alerta sobre el peligro que representan para la administración de justicia.
La Sala subrayó que el riesgo no se limita a su pertenencia a la Comisión de Crédito Público -epicentro de la red de negociación criminal con el Gobierno-, sino que es inherente a su liderazgo político, capacidad de intermediación e influencia en entidades del nivel central y territoriales.
Pruebas contundentes de corrupción sistémica
La Corte cuenta con un sólido cuerpo probatorio que incluye:
- Testimonios clave: Desde declaraciones del Presidente de la República hasta exasesores de ministerios vinculados al escándalo.
- Comunicaciones digitales: Chats que evidencian la coordinación ilegal, incluyendo uno de Manzur donde se infiere que "aún hay compromisos pendientes" de periodos anteriores.
- Registros documentales: Que demuestran cómo los proyectos de la UNGRD recibieron vistos buenos técnicos en tiempo récord, sin seguir los canales regulares.
Los congresistas procesados participaron en sesiones de noviembre de 2023 donde modificaron el orden del día y aprobaron conceptos "a cuenta gotas", condicionando sus votos a recibir retribuciones prometidas. La Corte estableció claramente que su función pública estuvo sometida a intereses privados, pervirtiendo el funcionamiento de la administración pública.
Un precedente contra la corrupción parlamentaria
Esta decisión judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción al trazar un límite claro entre las funciones legislativas legítimas y la transacción criminal para acomodar votos. La Corte desvirtuó los argumentos de las defensas y enfatizó que buscar proyectos para las regiones es legal, pero hacerlo condicionando el rol como funcionarios públicos por intereses personales configura delito.
La Sala concluyó que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no cumple funciones meramente consultivas, sino que actúa como punto de control funcional en la aprobación de empréstitos nacionales, responsabilidad que fue gravemente vulnerada por los acusados.
