La Corte Suprema protege a congresistas pero enfoca atención en ministro Benedetti
En un fallo de gran trascendencia política, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir una investigación penal contra seis congresistas denunciadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, por los delitos de injuria y calumnia. El alto tribunal determinó que las legisladoras actuaron amparadas por el ejercicio legítimo del control político cuando firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para rechazar el nombramiento del funcionario.
El origen de la controversia política
La polémica se originó en febrero de 2025 cuando un grupo de congresistas envió una misiva al jefe de Estado con un título contundente: "Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como Ministro del Interior". El documento fue firmado por:
- Catherine Juvinao Clavijo
- Julia Miranda Londoño
- Lina María Garrido Martín
- Marelen Castillo Torres
- Carolina Giraldo Botero
- Luvi Katherine Miranda Peña
En el texto, las parlamentarias cuestionaron la idoneidad del dirigente para asumir el cargo y lo vincularon con presuntos episodios de violencia de género. Argumentaron que "resulta inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias de género sea ahora la encargada de interlocutar con las mujeres que hacen parte de la corporación".
La defensa de Benedetti y la respuesta judicial
Tras la publicación de la carta, Benedetti presentó una querella formal al considerar que las expresiones de las congresistas vulneraban su dignidad humana, integridad moral, buen nombre y presunción de inocencia. El ministro sostuvo que no existe providencia judicial o disciplinaria que lo declare responsable de actos de violencia machista y aseguró que el pronunciamiento afectó gravemente su reputación.
Al evaluar el caso, la Corte Suprema amparó el accionar de las congresistas bajo la figura de la inviolabilidad parlamentaria, garantía que protege los votos y opiniones emitidos en ejercicio de la función legislativa para salvaguardar el debate democrático. La Sala de Instrucción concluyó que las firmantes actuaron dentro de sus competencias de control político, función que permite cuestionar e investigar actuaciones que inciden en el interés general.
El giro clave: la evaluación de expresiones contra Benedetti
Aunque la Corte cerró el camino penal contra las congresistas, la decisión incluyó un giro fundamental: la orden de remitir copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen posibles expresiones sexistas atribuidas a Benedetti contra la representante Catherine Juvinao.
Durante la práctica de pruebas, la congresista Juvinao rindió testimonio en el que afirmó haber sido víctima de violencia sexista por parte de Benedetti. Según relató, el funcionario la menospreciaba reiteradamente con "insultos relacionados con su condición de mujer". Juvinao aportó como evidencia publicaciones realizadas desde su cuenta personal entre junio y septiembre del año pasado, que según sostuvo contenían calificativos abiertamente misóginos.
Implicaciones del fallo judicial
La Corte Suprema calificó la carta de las congresistas como una "opinión crítica" frente a una decisión administrativa atribuida exclusivamente al jefe de Estado y señaló que ello "descarta el ánimo injurioso". El tribunal determinó que las parlamentarias se limitaron a advertir sobre acusaciones públicas ya existentes contra el entonces designado ministro y descartó la intención de difamarlo.
Sin embargo, ante la gravedad de las declaraciones de Juvinao y los elementos probatorios allegados, la Corte ordenó que el expediente sea analizado por las entidades de control. De esta manera, mientras las congresistas quedaron blindadas por la inviolabilidad parlamentaria, el foco judicial ahora se centra en determinar si las conductas atribuidas a Benedetti podrían tener implicaciones disciplinarias o en materia de derechos fundamentales.
El caso representa un precedente significativo sobre los límites del control político parlamentario y las responsabilidades de los altos funcionarios del gobierno en el manejo del lenguaje y las relaciones interinstitucionales.
