Una decisión de la Corte Constitucional de Colombia volvió a sacudir el fútbol profesional colombiano. El alto tribunal dejó sin efectos una sanción cercana a los 8.000 millones de pesos que en su momento impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Dimayor y cinco clubes del FPC.
La medida se daba en medio de una investigación por un presunto sistema que habría limitado el libre traspaso de jugadores entre equipos, un caso que generó amplio debate en el entorno del fútbol colombiano.
¿Qué decidió la Corte?
En la sentencia T-070 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Corte concluyó que la SIC vulneró el derecho al debido proceso de la Dimayor.
El punto clave: la Delegatura para la Protección de la Competencia no permitió incorporar una prueba pericial que era fundamental para la defensa dentro del proceso administrativo.
Por esta razón, el alto tribunal ordenó:
- Dejar sin efectos la resolución que cerró la etapa probatoria.
- Retroceder el proceso al momento previo a ese cierre.
- Evaluar y decidir sobre la admisibilidad de la prueba pericial solicitada.
- Continuar la actuación administrativa respetando las garantías procesales.
¿Se cayó definitivamente la sanción?
No del todo. La decisión no absuelve de fondo a la Dimayor ni a los clubes investigados. En cambio, obliga a rehacer parte del proceso para corregir el error procedimental.
Esto significa que la investigación sigue viva, pero deberá repetirse desde una etapa clave, lo que podría cambiar —o no— el resultado final.
