En los últimos días, la Corte Constitucional solicitó acelerar la implementación de la justicia agraria y rural en Colombia. El alto tribunal instó al Congreso a expedir con urgencia un marco legal para su regulación. Además, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura iniciar de inmediato las acciones necesarias para que los juzgados y tribunales agrarios entren en funcionamiento de manera gradual a partir de 2027.
Gobierno pide debate legislativo
En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, pidió al Congreso debatir sobre la justicia agraria antes de que finalice la legislatura. El aval de la Corte a la Reforma Agraria también incluye una serie de exhortos y la creación de juzgados especializados en temas de tierras.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que están en curso 366 procesos que ya podrían llegar a la Jurisdicción Agraria, los cuales sumarían más de 112 mil hectáreas para la Reforma Agraria.
Advertencias de la ministra
“La indecisión sobre los problemas de administración de las tierras de la nación y sobre los procedimientos agrarios no lleva a otra cosa que a agudizar los conflictos. Hoy muchos de los conflictos entre particulares, de linderos, de ocupación, de posesión, se diluyen en los juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia con la presión política de los territorios”, señaló la ministra Carvajalino.
Incluso, la jefe de esa cartera aseguró: “Estamos ante un bloqueo institucional que agudiza los conflictos sobre la tierra. No tenemos otro mandato que insistirle al Congreso y solicitar que se implemente lo más pronto posible, con las normas generales, la jurisdicción a la ley”.
Órdenes de la Corte
La Corte Constitucional revisó varias normas sobre tierras y reforma rural, pero en muchos casos decidió no meterse de fondo, aunque sí impartió una serie de órdenes para que el Congreso arranque con el debate. Esta reforma contempla jueces especializados en temas rurales y de tierras.
