Un acto de desafío religioso y judicial en medio de una inspección técnica
En una escena que mezcla lo sagrado con lo legal, el exsacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub ofició una misa con féretro este jueves mientras autoridades judiciales realizaban una inspección técnica en el cementerio San Miguel de Santa Marta. El acto religioso se desarrolló simultáneamente con la diligencia ordenada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal, creando un escenario de tensión entre la fe y la ley.
La inspección judicial que no detuvo la ceremonia religiosa
Mientras funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI, policías y un juez revisaban documentos y tomaban registros en el camposanto como parte del proceso penal que busca definir el control legal del cementerio, un féretro fue instalado frente al altar. Minutos después, el sacerdote inició la ceremonia religiosa ante decenas de fieles que acompañaban el duelo.
"Nada se detuvo", describen testigos del evento. "Ni la inspección judicial ni la misa", agregaron, evidenciando cómo ambos procedimientos avanzaron en paralelo dentro del mismo espacio sagrado.
El conflicto legal detrás del acto religioso
La diligencia judicial forma parte del proceso penal que enfrenta el religioso, imputado por la Fiscalía por los delitos de:
- Administración desleal
- Falsedad en documento privado
- Ocultamiento de documento privado
Estos cargos están relacionados con la presunta apropiación irregular de la administración del cementerio. Según la Diócesis de Santa Marta, el sacerdote fue relevado de su cargo parroquial y trasladado a otra capilla, pero se negó a entregar el control del camposanto, creando supuestamente una estructura administrativa paralela para continuar manejándolo.
Diego Fernando Duque Zuluaga, representante legal de la Iglesia, explicó durante la diligencia: "El proceso busca restablecer el derecho sobre un bien que pertenece a la diócesis". El jurista señaló que la inspección tuvo como objetivo verificar la situación jurídica y física del lugar mediante un peritaje técnico que servirá como base para una decisión judicial próxima.
El manejo económico en el centro de la disputa
Uno de los puntos más críticos del litigio es el manejo económico del cementerio. La Diócesis sostiene que durante la administración del sacerdote no existió claridad sobre ingresos provenientes de:
- Ofrendas
- Inhumaciones
- Servicios funerarios
Esta falta de transparencia dificulta actualmente cuantificar las pérdidas económicas. "El problema es que subregistraba los recursos y actualmente la diócesis intenta reconstruir la contabilidad porque los documentos permanecen retenidos", aseguró Duque.
Además, familias han solicitado información sobre restos de sus parientes tras presuntas exhumaciones no autorizadas y reventa de criptas, peticiones que llegan a la Iglesia pese a que esta no tiene acceso administrativo al cementerio.
La defensa del sacerdote: persecución y respaldo comunitario
Aunque el sacerdote evitó entregar declaraciones durante la diligencia, su defensa jurídica sostiene una versión distinta del conflicto. Según su abogado, Álvarez Yacub considera que ejerce una administración legítima y que el proceso responde a una disputa interna con la jerarquía eclesiástica más que a irregularidades penales.
La defensa ha insistido en que "el padre cuenta con el respaldo de propietarios de bóvedas y feligreses que reconocen su gestión pastoral y administrativa". Bajo este argumento explican las razones para continuar en el lugar administrando y realizando ceremonias religiosas y servicios funerarios.
Esa fidelidad quedó evidenciada durante la inspección judicial, cuando seguidores del sacerdote confrontaron verbalmente a las autoridades y defendieron su permanencia en el lugar. "No vamos a dejar que saquen al padre", gritó un feligrés a la comisión judicial que se tomó el cementerio.
Un cementerio convertido en escenario de tensión permanente
La escena del jueves sintetizó el momento actual del caso: duelo religioso y disputa judicial ocurriendo simultáneamente. Mientras una familia despedía a su ser querido entre lágrimas, investigadores revisaban documentos contables y policías custodiaban el templo.
Para la Diócesis, la misa celebrada durante la inspección evidencia una actitud de abierta desobediencia frente a decisiones canónicas y judiciales, pues el sacerdote fue privado de la facultad para oficiar sacramentos. Para sus seguidores, en cambio, fue una demostración de resistencia y compromiso pastoral.
Lo que viene en el proceso judicial
La diligencia no implicaba un desalojo inmediato. Su propósito fue recopilar pruebas técnicas que permitan al juez adoptar una decisión en las próximas semanas. El dictamen pericial determinará si procede la cancelación del registro administrativo cuestionado y la entrega provisional del cementerio mientras continúa el juicio penal.
Hasta entonces, el conflicto permanece abierto. El sacerdote sigue oficiando misas, la Iglesia insiste en que no está autorizado y la justicia intenta definir quién tiene, realmente, el control del cementerio San Miguel. En los próximos días se deberá definir quién mantendrá el control definitivo de este espacio sagrado que se ha convertido en campo de batalla legal y religioso.
