Expareja de Nicolás Petro amenaza con revelaciones que harían 'volar cabezas'
Daysuris del Carmen Vásquez Castro, conocida como Day Vásquez, ha emitido un contundente mensaje que ha agitado las aguas del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en la red social X, la expareja del acusado publicó el 7 de abril una advertencia que ha generado reacciones inmediatas en el ámbito legal y político.
La advertencia pública y la respuesta del abogado defensor
"El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas... SIN EXCEPCIONES. Y ese día se está acercando...", escribió Vásquez en su publicación de redes sociales, generando inmediata expectativa sobre posibles revelaciones que podría hacer en el marco del proceso judicial.
La respuesta no se hizo esperar. Alejandro Carranza, abogado defensor de Nicolás Petro, reaccionó desde su propia cuenta en X señalando: "Cada vez que señalo a la señora Daysuris del Carmen Vásquez ante los jueces, cada vez que me opongo a decisiones que únicamente la favorecen, cada vez que defendemos los derechos de las víctimas que ha dejado a su paso, la respuesta no es jurídica: es la amenaza pública, cada vez más frecuente, cada vez más grave".
Contexto procesal y disputa sobre pruebas clave
Este intercambio ocurre en medio de las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro, quien está investigado por los delitos de:
- Lavado de activos
- Enriquecimiento ilícito
Day Vásquez ha sido una figura central en este caso desde que se convirtió en testigo de la Fiscalía General de la Nación, denunciando presuntas irregularidades relacionadas con dineros en la campaña presidencial de 2022. Su colaboración se enmarca en un principio de oportunidad que le ha permitido aportar información dentro del proceso.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido el celular que Vásquez entregó en marzo de 2023, dispositivo que contiene información que la Fiscalía considera relevante para sustentar la acusación. La defensa de Nicolás Petro ha insistido en que este dispositivo no debe ser tenido en cuenta como prueba, argumentando irregularidades en su obtención.
Discrepancias institucionales y tensiones procesales
Carranza vinculó las declaraciones de Vásquez con lo ocurrido en una diligencia adelantada en Barranquilla, donde se discutía la eventual revocatoria de la medida de aseguramiento que le impide a Vásquez salir del país y participar en actividades políticas. Según el abogado defensor, durante la audiencia "tanto la Procuraduría General como la Fiscalía sostuvieron ante el juez que la medida de aseguramiento no privativa de la libertad no había sido impuesta por el delito de violación de datos personales".
Esta afirmación, según Carranza, "desconoce abiertamente lo decidido por el Juzgado 74 Penal de Control de Garantías de Bogotá" y no se trataría de una diferencia menor en la interpretación jurídica, sino de "una tergiversación con efectos procesales concretos".
Posiciones enfrentadas sobre la legalidad de las pruebas
La fiscal Lucy Laborde Betancourt ha defendido la legalidad de la evidencia del celular, señalando en una diligencia del 26 de febrero que el acceso al dispositivo se produjo de manera voluntaria por parte de Vásquez, lo que descartaría una vulneración de derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, los cuestionamientos de la defensa no corresponderían a un debate sobre legalidad, sino sobre la credibilidad del material, asunto que deberá resolverse en el juicio.
Por su parte, Carranza ha argumentado que el material "nació en un radicado ajeno a este caso y fue después trasladada de forma incorrecta a este proceso", además de cuestionar la cadena de custodia y los procedimientos técnicos aplicados.
Momento crucial en el proceso judicial
Estos intercambios se dan en un momento procesal clave donde la discusión ha girado en torno a:
- Las pruebas que serán admitidas en el juicio oral
- La inclusión o exclusión del celular entregado por Vásquez
- Los testimonios solicitados por las partes
Mientras avanzan las audiencias preparatorias, el caso continúa centrado en la definición de los elementos probatorios que serán evaluados por el juez en el juicio oral. La tensión entre las partes se mantiene alta, con acusaciones cruzadas y declaraciones públicas que reflejan la complejidad de un proceso que sigue bajo estrecho seguimiento tanto público como judicial.
La inclusión o exclusión de elementos como el celular entregado por Vásquez, así como los testimonios de otros posibles testigos, marcarán el rumbo definitivo de un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública colombiana y que representa uno de los casos más significativos en la lucha contra la corrupción en el país.
