El mensaje unánime en defensa de la independencia de poderes y del pleno acatamiento a las decisiones de la justicia fue la gran conclusión del foro ‘Colombia Unida en Democracia: elecciones 2026, legitimidad y transparencia’, organizado por EL TIEMPO, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Universidad Externado de Colombia.
En el encuentro realizado el martes en la sede de esa alma mater, magistrados, analistas, académicos y cabezas de las instituciones cerraron filas para exigirle al presidente Gustavo Petro respeto por la separación de poderes. Esto luego de que el mandatario y varios de sus ministros arremetieron contra el consejero de Estado Juan Enrique Bedoya, ponente de la suspensión cautelar del polémico traslado exprés de ahorros pensionales.
El nuevo ataque contra la Rama Judicial incluyó la amenaza del Presidente de demandar al magistrado y el de sus ministros de no pagar mesadas pensionales, como supuesto efecto de la medida cautelar.
Panel sobre justicia y organismos de control
En el primer panel del encuentro, denominado ‘La justicia y los organismos de control como garantes de la democracia’ y moderado por Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO, hubo consenso en que el jefe de Estado no puede atacar a la institucionalidad cuando toma decisiones adversas a sus intereses. Quienes se sumaron a ese llamado fueron el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y la magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional.
“Todos los poderes públicos tienen límites a sus competencias. A veces algunos pueden ver esos límites como un obstáculo”, dijo el presidente de la Corte Suprema, y recalcó que la independencia de poderes defiende “valores democráticos que son fundamentales”. Lenis llamó a la colaboración armónica de las ramas del poder como forma de dar garantías tanto al proceso electoral que se avecina como a otros trámites del orden estatal. Para el magistrado, ante diferencias con una decisión judicial, lo que debe haber es un diálogo armónico entre todas las ramas del poder público, sin que esto implique que no pueda haber disenso respetuoso.
Por su parte, la magistrada Ángel resaltó que de donde sea que vengan este tipo de ataques, se trata de amenazas contra la independencia judicial. “Cuando las instituciones se atacan de forma arbitraria, sin que siquiera haya una prueba, eso va a generar que se mine la confianza en las instituciones y que no puedan ejercer su papel como deberían”, añadió.
El contralor Rodríguez coincidió en la necesidad de que las diferencias institucionales se tramiten en el marco del respeto institucional. “Uno puede disentir, discrepar, pero hay maneras de hacerlo”, resaltó el Contralor, subrayando que en los casi cuatro años del gobierno Petro, solo en los primeros meses hubo colaboración armónica con los otros poderes.
El panel cerró con otro mensaje de Lenis. “Las cortes al final actúan como un factor de estabilización de la democracia, para que esas tensiones entre las ramas del poder público no escalonen a tal nivel que lleguen a generar una ruptura institucional”, enfatizó.
Cierre de filas de la Rama Judicial
En la noche del lunes, tras las declaraciones de Petro en contra del Consejo de Estado y del magistrado Bedoya, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial salió a rodear al jurista, llamando a que prevalezca el artículo 113 de la Constitución Política. “El poder constituyente instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, el principio de separación de poderes”, señaló el documento.
Asimismo, la Rama Judicial defendió la competencia constitucional del Consejo de Estado para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el Ejecutivo. Recordó que el artículo 238 de la Constitución faculta expresamente a este alto tribunal de lo contencioso administrativo para adoptar medidas cautelares sobre actos del Gobierno cuando se considere necesario ejercer control judicial.
“Cuando la Constitución Política consagró la facultad de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, incluidos aquellos expedidos por el poder ejecutivo, reconoció expresamente la necesidad de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público”, cerró en su mensaje la Comisión Interinstitucional.
Otra voz que se sumó a la prevalencia de la independencia judicial fue la del procurador general, Gregorio Eljach. Como jefe del Ministerio Público resaltó que la independencia de la Rama Judicial es un pilar fundamental de la democracia colombiana. Asimismo, recordó que “toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales expedidas en ejercicio de sus competencias constitucionales, sin perjuicio del uso de los recursos propios de los asuntos judiciales”.
Precisamente, el martes a primera hora un grupo de exmagistrados y exministros le pidieron a Eljach que llamara al presidente Petro al respeto institucional.
“Tales conductas amenazan la supremacía de la Constitución, el equilibrio democrático y la vigencia de los derechos y libertades”, dicen los firmantes. Reconocen el fuero constitucional que tiene la figura del Presidente de la República, pero también, que el jefe del Ministerio Público tiene “un poder moral que deriva de sus competencias constitucionales (…) para que haga un claro llamado de atención sobre comportamientos frente a los cuales los instrumentos ordinarios de contención se han mostrado insuficientes y que constituyen una grave amenaza para el Estado de Derecho”.
Por su lado, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) también respaldó a la Rama y manifestó que la actitud del jefe de Estado al anunciar la supuesta denuncia “constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales”.
En su trino contra el Consejo de Estado, el presidente Petro volvió a insistir, además, en su llamado a una constituyente.
