Procuraduría sanciona a profesor de Caldas por acoso sexual a estudiantes
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción ejemplarizante contra Gerardo Uribe Velásquez, docente de una institución educativa en el municipio de Manzanares, Caldas, tras comprobarse múltiples casos de acoso sexual contra sus alumnas durante el año 2023.
Sanción disciplinaria severa
El ente de control determinó la destitución definitiva del profesor y lo inhabilitó por 17 años para ejercer cualquier empleo público. Esta decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos, calificados como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
Según los documentos oficiales, Uribe Velásquez aprovechó su posición de autoridad para realizar comportamientos inapropiados con varias estudiantes en espacios como aulas académicas y pasillos del colegio entre enero y febrero de 2023.
Proceso con enfoque de género
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, responsable del caso, destacó que el proceso disciplinario se adelantó con el enfoque de género correspondiente, garantizando una investigación sensible a las dinámicas de poder y vulnerabilidad involucradas.
"El disciplinado incurrió en comportamientos inapropiados con varias de sus estudiantes", señaló la entidad en su resolución, subrayando la importancia de proteger a las víctimas en contextos educativos.
Antecedentes laborales del docente
Investigaciones periodísticas revelaron que Gerardo Uribe Velásquez había trabajado previamente en otras instituciones públicas:
- En 2021, fue profesor del centro regional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en La Dorada, Caldas.
- En 2016, se desempeñó como docente del SENA en el Centro Pecuario y Agroempresarial del mismo municipio.
Estos antecedentes laborales amplían el alcance de la inhabilitación, impidiendo que el sancionado pueda volver a trabajar en cualquier entidad pública durante casi dos décadas.
Implicaciones para el sistema educativo
Este caso representa un precedente significativo en la lucha contra el acoso sexual en entornos educativos colombianos. La sanción demuestra la capacidad de las autoridades para actuar con contundencia cuando se vulneran los derechos de estudiantes, especialmente en situaciones donde existe una clara asimetría de poder.
La decisión de la Procuraduría envía un mensaje contundente sobre la cero tolerancia hacia conductas abusivas por parte de educadores, reforzando los mecanismos de protección para la comunidad estudiantil en todo el territorio nacional.
