Acuerdo en Santander desbloquea vías tras protestas por actualización catastral
Esta semana Colombia volvió a presenciar bloqueos de vías y protestas masivas que evidencian la profunda tensión alrededor de la tierra, un tema histórico que ha generado guerras, desplazamientos y violencia política. El detonante actual fue la actualización masiva de avalúos catastrales rurales, un proceso que afecta directamente los impuestos prediales y que ha generado malestar tanto en grandes propietarios como en pequeños campesinos.
La amenaza presidencial y la respuesta ciudadana
En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro amenazó con llevar a la cárcel a alcaldes y gobernadores, una declaración que muchos interpretaron como un gesto autoritario en un contexto democrático. Aunque matizó que corresponde a la justicia tomar esas decisiones, sus palabras quedaron flotando en un ambiente ya cargado de desconfianza hacia un Estado que frecuentemente no responde a las necesidades ciudadanas.
La actualización catastral era una deuda pendiente de décadas en Colombia, donde numerosos dueños de grandes extensiones de tierra no pagan los impuestos correspondientes, mientras muchos campesinos carecen de títulos legales sobre sus predios tras haber sido desplazados por grupos armados. Fincas de cientos de hectáreas con avalúos irrisorios y propiedades transmitidas generacionalmente sin legalizar han sido la norma más que la excepción.
El Catastro Multipropósito y el Plan Nacional de Desarrollo
Este tema fue incluido en el Acuerdo de Paz mediante el Catastro Multipropósito, que busca actualizar la información sobre predios rurales para ordenamiento territorial, gestión de proyectos y recaudo tributario. Posteriormente, el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo de Petro estableció una medida excepcional para reducir el rezago en avalúos catastrales, especialmente en zonas donde no se actualizaban en más de cinco, diez o quince años.
El problema surgió cuando muchos pequeños propietarios y campesinos sin capital vieron cómo los avalúos de sus fincas se disparaban y los cobros de impuestos se multiplicaban por cien, mil o incluso dos mil. Tener un pedazo de tierra no siempre significa ser terrateniente, y para quienes viven al día dependiendo de una cosecha, estos aumentos resultan imposibles de asumir.
El tire y afloje entre el Gobierno Nacional y las regiones
Mientras el Gobierno Nacional insistía en que los alcaldes y gobernadores podían resolver el problema localmente, los mandatarios regionales enfrentaban las protestas argumentando que la actualización catastral es competencia nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Gobierno también sugirió que había intereses políticos detrás de los bloqueos, una acusación que genera una sensación de déjà vu en un país acostumbrado a protestas, paros y conflictos sociales que siempre terminan politizándose.
Tras seis días de paro, se logró un acuerdo en Santander para desbloquear las vías y avanzar en soluciones concretas. Sin embargo, la tensión permanece latente en otras regiones del país, donde la tierra sigue siendo motivo de conflicto. La irregularidad catastral, los impuestos desproporcionados y la histórica desigualdad en el campo mantienen viva una batalla que parece no tener fin en Colombia.
