Procuraduría destituye a docente indígena por abuso sexual de cinco estudiantes en Pueblo Rico
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fallo disciplinario de gran severidad, sancionando con destitución inmediata e inhabilidad general por diecisiete años a un docente adscrito a una institución educativa indígena en el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda.
Proceso disciplinario por hechos ocurridos entre 2020 y 2022
La decisión se adoptó tras un exhaustivo proceso adelantado por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, el cual analizó detalladamente los hechos ocurridos durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022. En el fallo de primera instancia, el Ministerio Público determinó que el docente Maximiliano Queragama Baniama incurrió en actos sexuales contra al menos cinco de sus estudiantes, aprovechando su posición de autoridad dentro del entorno académico.
La Procuraduría estableció de manera contundente que el profesor utilizó su condición de superioridad para ejecutar de manera reiterada comportamientos indebidos y gravemente reprochables. Estos actos no se limitaron a contactos físicos, sino que, según lo consignado en la decisión disciplinaria, el sancionado también expuso a las menores a material de índole sexual, agravando aún más la situación al realizar estas acciones en un contexto donde ejercía una clara posición de dominio frente a las víctimas.
Vulneración de la dignidad en el ámbito escolar
El ente de control precisó que estas conductas aberrantes se presentaron específicamente en el ámbito escolar, lo que constituye un factor agravante al involucrar un espacio destinado primordialmente a la formación, protección y desarrollo integral de las estudiantes. La Procuraduría General de la Nación concluyó que las actuaciones del docente vulneraron de manera grave la dignidad y la integridad sexual de las estudiantes, alejándose completamente de los deberes éticos y profesionales que le correspondían como servidor público.
Por estos hechos, la conducta fue calificada de forma definitiva como una falta disciplinaria gravísima, cometida a título de dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad de realizar los actos ilícitos. La sanción impuesta, que contempla la destitución inmediata del cargo y una inhabilidad general por diecisiete años para ejercer cualquier empleo público, refleja la gravedad de los delitos cometidos y busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a este tipo de abusos.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores en entornos educativos, especialmente en comunidades indígenas donde factores culturales y geográficos pueden complicar la detección y denuncia de estos crímenes. Las autoridades continúan investigando si existen más víctimas y evalúan posibles acciones penales adicionales contra el docente sancionado.
