Escolta de alto funcionario capturado con millonaria suma y material de campaña política
En un caso que ha generado controversia en el ámbito político y judicial, Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado por la Policía Nacional mientras transportaba 145 millones de pesos en efectivo junto con propaganda electoral del candidato conservador a la Cámara, Daniel Restrepo. El operativo, registrado en video por las autoridades, muestra el momento preciso de la incautación del dinero, que estaba distribuido en siete sobres marcados con nombres de municipios y un corregimiento de La Guajira.
Declaración de ilegalidad y liberación inmediata
Sin embargo, en un giro inesperado, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura de Acuña y ordenó su liberación durante la noche del martes 3 de marzo. Según el abogado defensor, Iván Cancino, la Fiscalía General de la Nación incurrió en una demora de 32 horas para presentar al detenido ante la autoridad judicial, superando ampliamente los plazos legales establecidos. Además, el escolta habría sido interrogado sin la presencia de su representante legal, lo que constituiría otra irregularidad en el procedimiento.
El secretario Lacouture se ha distanciado públicamente del incidente, afirmando en un comunicado que "no se movilizaba en el vehículo" y "no participó de los hechos". Asimismo, ha solicitado una investigación exhaustiva contra los agentes policiales involucrados, señalando posibles irregularidades en el proceder y motivaciones políticas con fines electorales. "Queda desvirtuada cualquier insinuación hacia mí", manifestó el funcionario, quien también cuestionó el rol del comando de la Policía en La Guajira.
Versiones contradictorias y contexto electoral
Por su parte, Luis Alfredo Acuña ofreció una explicación sobre el origen del dinero, asegurando que los 145 millones de pesos estaban destinados a la compra de un vehículo. En su testimonio, el escolta acusó a los policías de haber marcado los sobres con nombres de líderes comunitarios y figuras políticas regionales, sugiriendo una manipulación de la evidencia. Esta afirmación contrasta con la versión oficial del director de la Policía, general William Rincón, quien sostuvo que la distribución del dinero en sobres etiquetados evidenciaría una posible estructura para delitos electorales.
El caso se produce en un momento especialmente sensible, a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, lo que ha incrementado las sospechas sobre posibles intentos de compra de votos. El general Rincón reiteró el compromiso institucional con la transparencia del proceso electoral, afirmando que la Policía Nacional "continuará desplegando todas sus capacidades para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad".
Repercusiones y expectativas judiciales
La liberación del escolta ha generado un intenso debate sobre la actuación de las autoridades en este tipo de procedimientos. Mientras algunos sectores cuestionan la demora de la Fiscalía y los métodos empleados durante la captura, otros insisten en la necesidad de investigar a fondo el destino real del dinero incautado y su vinculación con actividades proselitistas.
Actualmente, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes para determinar el futuro judicial de este caso, que podría tener implicaciones significativas en el panorama político regional y nacional. La investigación deberá esclarecer si existió un plan organizado para influir en los comicios o si, por el contrario, se trató de un malentendido con procedimientos irregulares por parte de la fuerza pública.
Este incidente pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema electoral colombiano en materia de transparencia y la importancia de garantizar que los procesos democráticos se desarrollen sin interferencias ilícitas. La resolución final del caso marcará un precedente crucial para futuras intervenciones policiales en contextos electorales.
