Un cúmulo de errores, aparentemente de la Fiscalía, ha permitido que altas fichas acusadas por el escándalo de corrupción y el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre quienes en un primer momento se impuso medida de aseguramiento, queden en libertad.
Libertad de Sandra Ortiz y Ricardo Bonilla
Este lunes 11 de mayo, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Supuestamente, Ortiz sirvió como enlace entre los exdirectivos de la UNGRD y los presidentes del Congreso, a quienes habría pagado jugosas coimas a cambio de favorecer el trámite de las reformas sociales del Gobierno. Estaba recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá y ahora se defenderá en libertad. Su defensa alegó que, como pasaron 500 días desde que fue radicado el escrito de acusación y aún no se ha surtido el juicio, la ley obliga a que se reverse la medida de aseguramiento en su contra.
Otro de los ex altos funcionarios procesados por este entramado corrupto que también quedó en libertad por vencimiento de términos fue el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. En su caso, pasaron 120 días desde la imputación sin que la Fiscalía lo llamara a juicio. Bonilla fue imputado a principios de diciembre de 2025 junto al exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Sobre ambos se ordenó medida de aseguramiento tras ser señalados como los “cerebros” de la red de corrupción y ordenar el direccionamiento ilegal de más de medio billón de pesos en contratos de la UNGRD y el Invías. A las pocas horas de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los exministros ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Por esta razón, el vencimiento de términos no aplicó también para Velasco.
Prófugos y problemas con Interpol
Dos de los implicados, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y el exdirector de Función Pública César Manrique, están prófugos. González está asilado en Nicaragua y, pese a que la Fiscalía presentó en dos oportunidades la solicitud de reactivación de la circular roja ante Interpol, esta fue rechazada. El organismo señala que, como el procesado recibió asilo del régimen de Daniel Ortega, esa condición lo blinda de recibir una orden de captura internacional. Algunos expertos atribuyen la huida de estas dos fichas del organigrama del escándalo corrupto a las demoras de la Fiscalía para imputarlos y pedir medida de aseguramiento.
Reacciones de la Corte Suprema
Sobre estas gabelas del sistema judicial, que se basa en las garantías de los procesados y el debido proceso, se pronunció este lunes 11 de mayo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis, quien aseguró que es “totalmente desafortunado que estas situaciones se presenten”. “Hay diferentes interpretaciones en el conteo de los términos. Esto va a tener que revisarse, porque no podemos tener distintas posiciones jurídicas sobre cómo se cuentan los términos”, agregó.
Preacuerdo de Olmedo López anulado
Otro de los lunares en los procesos judiciales del entramado fue la derogación del preacuerdo del exdirector de la UNGRD Olmedo López y la Fiscalía. Sobre su relato se construyeron la mayoría de las imputaciones contra las demás cabezas de la matriz de colaboración, que suman 27 personas. Un juez tumbó la condena acordada de seis años y dos meses de cárcel porque consideró que López, la cabeza del descalabro a la entidad para transar a congresistas, debía devolver la plata de la totalidad de las coimas.
Opinión de expertos
Para penalistas como Fabio Humar, “se puede concluir que ha habido una actitud descuidada de la Fiscalía”. El abogado cree que no se debió pedir medida de aseguramiento, pero que, una vez solicitada, la justicia debió “actuar con mayor prontitud y diligencia para impedir que se vencieran los términos”. Este criterio lo comparte el penalista Pedro Nel Escorcia. “La Fiscalía tiene la obligación de manejar los tiempos y movimientos del proceso para evitar que los sorprendan. Uno tiene que calcular muy bien que no suceda que, por culpa de una acción inoportuna, queden en libertad procesados. No deberían ser tolerantes con la defensa en las solicitudes de aplazamiento y exigirle al juez que cumpla los términos”, afirmó.
