La Fiscalía General de la Nación ha presentado acusación formal contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, señalado como presunto responsable del delito de prevaricato por acción en el marco de la fallida licitación para la expedición de pasaportes en 2023. Este caso desencadenó una crisis institucional dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro y provocó la salida de Leyva de su cargo.
Detalles de la acusación
Según el ente acusador, Leyva ordenó la emisión de tres actos administrativos que presuntamente contravienen la ley, con el objetivo de obstaculizar el proceso licitatorio que pretendía adjudicar un contrato por 559.000 millones de pesos (aproximadamente 140 millones de dólares) para la elaboración y entrega de pasaportes hasta julio de 2026. La investigación señala que el comité evaluador había recomendado adjudicar el contrato a una unión temporal liderada por la empresa Thomas Greg & Sons, la cual cumplía con todos los requisitos exigidos. No obstante, el 13 de septiembre de 2023, el entonces canciller declaró desierta la licitación, argumentando que existía un único oferente.
Actuaciones posteriores
La Fiscalía indica que, tras rechazar un recurso de reposición presentado por el proponente, Leyva declaró la urgencia manifiesta, lo que permitió la contratación directa del servicio con la misma empresa, sin someterse a un proceso licitatorio. Este hecho generó una fuerte controversia jurídica y administrativa sobre el modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
Consecuencias del caso
El pasado 8 de abril, la Fiscalía llamó a juicio al exfuncionario por este caso, que también provocó la salida de la entonces canciller Laura Sarabia, quien había sucedido a Leyva, y desencadenó una disputa legal con Thomas Greg & Sons, empresa que demandó al Estado. Por los mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a Leyva por 10 años para ejercer cargos públicos, sanción que fue confirmada en 2025.
Situación actual
Actualmente, el Gobierno colombiano está llevando a cabo la transición hacia un modelo estatal de expedición de pasaportes mediante un convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, mientras mantiene prórrogas con el operador privado para evitar interrupciones en el servicio.
