La Corte Suprema de Justicia dio inicio formal al proceso judicial contra el excanciller Álvaro Leyva, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara la acusación por el presunto delito de prevaricato por acción. El caso se centra en la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023.
Audiencia de acusación
Durante la diligencia realizada este jueves, la Fiscalía formalizó la acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores, señalando que su actuación en el proceso de contratación de pasaportes habría sido contraria a la ley. Según el ente acusador, Leyva incurrió en prevaricato por acción al emitir una decisión abiertamente ilegal en el ejercicio de su cargo público.
El proceso se desarrolla en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que continuará con las etapas procesales correspondientes. Se anunció que próximamente se notificará la fecha para la audiencia preparatoria de juicio, un paso clave en la definición del futuro judicial del excanciller.
Cancillería reconocida como víctima
En medio de la audiencia, la Cancillería de Colombia fue reconocida como presunta víctima dentro del proceso. Esto implica que la entidad podrá participar activamente en el juicio, aportando elementos que permitan esclarecer los hechos y las afectaciones derivadas de la decisión tomada en 2023.
El reconocimiento de la Cancillería como víctima expone el impacto que la declaratoria desierta de la licitación tuvo en la gestión pública del servicio de pasaportes. La Corte consideró procedente esta inclusión, ampliando el alcance de las responsabilidades que se buscan determinar más allá de la conducta individual del exfuncionario.
Próximos pasos en el proceso
Con la acusación formalizada, el caso entra en una nueva fase procesal en la que se definirán las pruebas y argumentos que serán debatidos en juicio. La Sala de Primera Instancia establecerá el cronograma de audiencias, comenzando por la preparatoria, en la que las partes expondrán los elementos probatorios que respaldan sus posiciones. Este paso es determinante en la construcción del expediente judicial.
El proceso contra el excanciller se mantiene bajo seguimiento debido a su relevancia institucional y política. La decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023 ha sido uno de los puntos más controvertidos, al involucrar la gestión de un servicio clave para los ciudadanos. La evolución del caso dependerá de la valoración judicial de los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa en las siguientes etapas.
A medida que avance el proceso, se espera que la Corte Suprema continúe definiendo los alcances jurídicos de la actuación cuestionada. La acusación por prevaricato por acción sitúa el caso en un escenario de alta exigencia probatoria, en el que deberá establecerse si la decisión del entonces canciller se apartó de manera evidente del marco legal vigente. La audiencia preparatoria será el siguiente paso en este proceso judicial.
