Fiscalía rechaza demanda por interceptaciones ilegales a ex empleadas de Laura Sarabia
En un controvertido movimiento legal, la Fiscalía General de la Nación se ha opuesto formalmente a la demanda por daños y perjuicios presentada por Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de Laura Sarabia, quienes fueron víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales conocidas como "chuzadas". El ente acusador argumenta que no existe un "daño antijurídico" comprobado, a pesar de que fue la misma Fiscalía la que autorizó las intervenciones basándose en informes policiales manipulados.
El argumento legal que genera polémica
La representante legal de la Fiscalía declaró en su respuesta a la demanda: "Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que no hay elementos fácticos y jurídicos a partir de los cuales pueda atribuir un daño antijurídico causado a los demandantes por parte de mi representada ni la responsabilidad del Estado". Esta postura ha generado incredulidad en círculos jurídicos, dado que cuatro agentes de policía ya han sido condenados por estas mismas interceptaciones ilegales.
Las interceptaciones ocurrieron cuando Meza y Perea fueron falsamente vinculadas al Clan del Golfo mediante informes policiales alterados. Según los documentos judiciales, la Fiscalía ordenó las intervenciones basándose en estos reportes manipulados, lo que llevó a un extenso seguimiento y vigilancia de las dos mujeres, quienes anteriormente trabajaron para Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Contexto del caso y acciones ilegales documentadas
El caso se remonta a un presunto hurto en la residencia de Laura Sarabia cuando ejercía como jefa de gabinete del Gobierno del Cambio. En la investigación, se documentaron múltiples irregularidades:
- Manipulación de informes policiales para justificar interceptaciones
- Traslado de Marelbys Meza en vehículos de seguridad presidencial
- Pruebas de polígrafo ilegales realizadas en instalaciones cercanas a la Casa de Nariño
- Seguimientos, intimidaciones y amenazas contra las dos mujeres
La Fiscalía insiste en su defensa que actuó "conforme a los postulados constitucionales y legales dentro de la investigación penal", basándose en el informe ejecutivo presentado por funcionarios de la Policía Judicial. Sin embargo, este mismo informe ha sido identificado como alterado y parte de la maquinaria que permitió las interceptaciones ilegales.
Posición de la Policía Nacional y consecuencias
La Policía Nacional, por su parte, también se ha deslindado de responsabilidades en esta demanda, solicitando que sean los agentes ya condenados quienes asuman los costos económicos que pudieran derivarse del proceso legal. Esta postura contrasta con las condenas judiciales que han recaído sobre cuatro uniformados por su participación directa en las interceptaciones.
El caso continúa su curso en los tribunales, mientras crece la controversia sobre la responsabilidad del Estado en violaciones a derechos fundamentales. La negativa de la Fiscalía a reconocer daño alguno, a pesar de las condenas judiciales existentes y las pruebas de irregularidades, plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas en casos de interceptaciones ilegales por parte de organismos estatales.
