Fiscalía insiste en reactivar captura de disidente 'Calarcá' tras revelaciones en chats incautados
La Fiscalía General de la Nación busca reactivar la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de las disidencias de las FARC, luego de que chats incautados en dispositivos electrónicos revelaran su presunta participación en asesinatos y reclutamiento de menores de edad mientras su estructura participaba en los diálogos de la 'paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Contenido explosivo de los mensajes
Según la fiscal general, Luz Adriana Camargo, las conversaciones obtenidas muestran "conductas muy graves" que serían incompatibles con la permanencia en una mesa de negociación bajo suspensión de órdenes de captura. "Tienen que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación", explicó Camargo en declaraciones al diario El Espectador.
Entre los episodios más graves documentados se encuentran:
- La orden para ejecutar a un líder social, cuyo asesinato posterior fue reportado directamente a 'Calarcá'
- El reclutamiento de menores de edad por parte de la estructura armada
- El fortalecimiento militar del grupo durante el período de diálogos
- El asesinato de un excombatiente firmante del acuerdo de paz, presuntamente por hablar mal del jefe disidente
Evidencia concreta en los dispositivos
Los chats incluyen intercambios donde un presunto sicario, alias Chalá, habría enviado una fotografía de un hombre amarrado, identificado como Juan Gabriel Hurtado Betancour. Este material forma parte del conjunto de pruebas halladas en los dispositivos incautados durante un operativo previo realizado por las autoridades.
Los hechos documentados se remontan al 6 de enero de 2024, cuando las disidencias se encontraban oficialmente en cese al fuego con el Gobierno Nacional. A pesar de este contexto, los mensajes sugieren que las actividades criminales continuaron e incluso se intensificaron.
Debate sobre beneficios judiciales
El tema ya fue discutido entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el comisionado de paz Otty Patiño, en medio del debate sobre la continuidad de los beneficios judiciales para integrantes de grupos armados vinculados a la política de 'paz total'. Las revelaciones han tensionado aún más los diálogos con esta disidencia, sin que hasta el momento se hayan obtenido grandes resultados en las negociaciones.
Conexión con otros episodios investigados
Estas revelaciones se suman a otro episodio bajo escrutinio: el retén militar del 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, donde una caravana con siete jefes de disidencias -custodiada por la Unidad Nacional de Protección- fue detenida por el Ejército. Aunque los ocupantes portaban material que podría constituir delitos en flagrancia, la Fiscalía ordenó su liberación al considerarlos gestores de paz.
En ese mismo episodio se menciona un presunto vínculo entre jefes de las disidencias, el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía, aspecto que forma parte de las líneas de investigación en curso.
Nuevas indagaciones en marcha
A partir de estos elementos, la Fiscalía reabrió el expediente contra 'Calarcá' y avanza en nuevas indagaciones. Según Camargo, los hallazgos refuerzan la hipótesis de que, en paralelo a los acercamientos con el Gobierno, la estructura armada habría continuado -e incluso intensificado- prácticas criminales como asesinatos y reclutamiento de menores.
La investigación está siendo llevada por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que analiza minuciosamente el contenido de los dispositivos incautados y busca establecer responsabilidades penales por los crímenes documentados en los chats.
