La Fiscalía General de la Nación ha programado para el próximo 30 de abril una audiencia de imputación de cargos contra la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas, por el presunto delito de falsedad en documento público. La investigación se centra en irregularidades detectadas en los soportes académicos que presentó para contratar con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Irregularidades en el título de tecnóloga
Los elementos materiales probatorios indican que Vargas habría utilizado una certificación académica falsa para acreditarse como tecnóloga y así acceder a una remuneración superior en la contratación estatal durante la vigencia 2025. El núcleo de la investigación se basa en el contrato firmado el 21 de marzo de 2025, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la protección del patrimonio material e inmaterial de Cartagena, por un valor de 55 millones de pesos y una duración de nueve meses.
Para cumplir con los requisitos legales, Vargas adjuntó un acta que la acreditaba como Tecnóloga Laboral en Actuación y Teatro, presuntamente expedida por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Sin embargo, la Fiscalía detectó las siguientes inconsistencias:
- Alteración tipográfica: El nombre de la beneficiaria en el acta presentaba una tipografía distinta a la del resto del documento oficial.
- Inexistencia de registro: Tras una consulta oficial, el Instituto de Bucaramanga certificó que Vargas no aparece en sus bases de datos ni listados de egresados.
- Falsedad material: La institución confirmó que el formato del diploma no coincide con los modelos institucionales vigentes.
Segundo contrato y presunción de inocencia
A pesar de que el primer contrato fue suspendido tras seis meses de ejecución debido a denuncias públicas, la Alcaldía de Cartagena otorgó un segundo contrato a la actriz por 18 millones de pesos. En esta nueva vinculación, Vargas presentó la misma hoja de vida, pero eliminó el acta de tecnóloga cuestionada, siendo contratada bajo el perfil de bachiller. La Alcaldía ha manifestado que la contratación se realizó bajo el principio de presunción de inocencia, argumentando que no existe una inhabilidad legal vigente que impida su vinculación.
Investigación a terceros y posibles sanciones
La Fiscalía busca determinar la responsabilidad de Vargas en la alteración del documento, pero también ha señalado que la investigación entrará en una fase de vinculación de terceros. Se investigará a los funcionarios del IPCC encargados de la revisión de documentos y del proceso de contratación, para establecer si hubo omisión en la verificación de los requisitos de ley. Cabe resaltar que, en la misma hoja de vida presentada por la actriz, figura una certificación de un curso sobre transparencia y lucha contra la corrupción, documento que ahora forma parte del acervo probatorio. De ser hallada culpable, la pena por falsedad en documento público en Colombia conlleva una sanción privativa de la libertad que oscila entre los 4 y 9 años de prisión.
