Procuraduría destituye a jueza militar por acoso laboral en Barranquilla
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ordenó la destitución de la Teniente Coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez, quien se desempeñaba como jueza primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla. La sanción se impuso tras comprobarse que incurrió en acoso laboral contra una mayor subalterna, causándole graves problemas de salud mental.
Los hechos que llevaron a la destitución
Según las investigaciones del Ministerio Público, la jueza Zuleta Gómez ejerció maltrato y persecución sistemática contra la oficial de menor rango. Entre las conductas documentadas se encuentran:
- Ridiculización pública de la mayor por su equipo de cómputo
- Alusiones constantes a su vida íntima y personal
- Uso de su antigüedad y posición jerárquica para intimidar a la subalterna
Estas acciones, desarrolladas en el marco de la relación laboral y profesional, fueron calificadas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento como "gravísimas, cometidas a título de dolo", por violar el deber funcional y el principio de moralidad que deben regir en las instituciones del Estado.
Consecuencias en la salud mental de la víctima
La evaluación psicológica realizada a la mayor afectada confirmó que el acoso laboral perpetrado por la jueza Zuleta Gómez le provocó ansiedad y depresión clínica. Estos trastornos de salud mental fueron directamente atribuidos al trato hostil y denigrante recibido en su entorno laboral.
La Procuraduría determinó que estas conductas no solo afectaron a la víctima individual, sino que también "afectaron el buen servicio público y la convivencia laboral en la institución", menoscabando la confianza en la administración de justicia militar.
Implicaciones institucionales del caso
Este caso representa uno de los más significativos en materia de acoso laboral dentro de las fuerzas militares colombianas, particularmente en la Justicia Penal Militar. La destitución de una oficial de alto rango como la Teniente Coronel Zuleta Gómez envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia conductas que vulneran los derechos fundamentales de los integrantes de la institución.
La decisión procuradorial establece un precedente importante para la protección de los derechos laborales dentro de las estructuras castrenses y refuerza los mecanismos de control disciplinario sobre quienes ejercen funciones judiciales en el ámbito militar.
