Orden judicial exige eliminación de investigación periodística sobre magistrado
La jueza primera Penal del Circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, ha emitido una resolución que ordena al medio de comunicación independiente CasaMacondo retirar de su página web todas las publicaciones relacionadas con las declaraciones del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar sobre el caso de filiación no reconocida que mantuvo con una mujer y que resultó en el nacimiento de un hijo.
Medio acusado de vulnerar derechos fundamentales
En el fallo, la magistrada advierte al medio que debe abstenerse de "efectuar publicaciones que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre" tanto del magistrado Ibáñez como de Yolanda Inés Robles, madre de Jorge Enrique Ibáñez Robles, quien fue reconocido como hijo por el magistrado en el año 2004. Además, se le otorgó un plazo de cinco días para publicar una nota en su sitio web indicando que la investigación periodística fue retirada por orden judicial, al haberse constatado la vulneración de derechos fundamentales.
Dicha nota deberá permanecer visible durante 30 días consecutivos en la página principal del medio. El periodista Juan Pablo Barrientos, autor de la investigación, ha calificado esta decisión como un acto de censura contra el trabajo periodístico independiente.
Contexto del caso y declaraciones polémicas
El origen del conflicto se remonta a una entrevista publicada el 16 de agosto, donde el magistrado Ibáñez habló sobre un expediente extraviado en un juzgado de familia de Ibagué, Tolima. Dicho expediente contenía los documentos del proceso mediante el cual el magistrado reconoció la paternidad de su hijo en 2004. En sus declaraciones, Ibáñez afirmó que apeló esa decisión judicial, cuestionó la autenticidad de las pruebas de ADN y manifestó no tener conocimiento de la desaparición de los documentos.
Más controvertidas aún fueron sus afirmaciones sobre las circunstancias que llevaron a la concepción: "Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora", declaró el magistrado, añadiendo que la mujer lo "invitó a que nos tomáramos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión".
Tutela presentada por el hijo y la madre
El 11 de diciembre de 2025, el juzgado de Neiva resolvió una tutela presentada por el hijo del magistrado y su madre, quienes alegaron que las declaraciones de Ibáñez vulneraron sus derechos al buen nombre y a la honra. En su decisión, el juzgado concluyó que el magistrado debía retractarse y pedir disculpas públicas, ya que sus afirmaciones constituían "señalamientos graves y lesivos" contra la señora Robles sin ningún sustento probatorio.
El análisis judicial determinó que las versiones del presidente del alto tribunal "no solo son manifestaciones ofensivas, sino que mancillan el buen nombre y la honra de una mujer con la que tuvo un hijo". Esta resolución sentó las bases para la posterior orden de retirar las publicaciones periodísticas que difundieron dichas declaraciones.
Reacción del periodista y próximos pasos
Juan Pablo Barrientos, en conversación con El Espectador, expresó su firme rechazo a lo que considera una censura directa: "La jueza, por proteger la intimidad de un hombre poderoso como el magistrado Ibáñez, está revictimizando a sus víctimas. También aquí hay una vulneración directa de los derechos fundamentales de CasaMacondo".
El periodista anunció que la próxima acción del medio será enviar a la Corte Constitucional una solicitud ciudadana de revisión, la cual también será presentada por los tres demandantes, incluyendo a Robles Ramírez y al hijo del magistrado. "Seguiremos peleando para que el acceso a la información sea absolutamente libre en este país", afirmó Barrientos, subrayando su compromiso con la defensa de la libertad de prensa.
Este caso pone en evidencia la tensión entre el derecho a la información periodística y la protección de la intimidad personal, especialmente cuando involucra a figuras públicas de alto perfil dentro del sistema judicial colombiano.
