Justicia virtual en Colombia: una promesa de modernización que se convirtió en obstáculo
Cuando el Congreso colombiano promulgó la Ley 2213 de 2022, el país recibió con esperanza la promesa de modernizar el sistema judicial mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. La iniciativa parecía urgente y necesaria: se requería agilizar los procesos, flexibilizar la atención a los usuarios y garantizar un acceso más eficiente a los derechos ante el Estado. Sin embargo, tres años después de su implementación, esa promesa está lejos de haberse cumplido.
La realidad contrasta con las expectativas
La justicia virtual no ha resultado ni más rápida ni más eficiente como se prometió. Por el contrario, está más morosa que nunca, y en un Estado de derecho, una justicia tardía difícilmente puede considerarse justicia. Sería injusto desconocer algunos avances puntuales: la virtualidad permitió que los usuarios puedan radicar demandas, memoriales y solicitudes sin desplazarse físicamente, lo que les ahorra tiempo y recursos económicos. Además, en algunos despachos judiciales se han reducido los tiempos de atención y mejorado la comunicación con los ciudadanos a través de medios electrónicos.
Durante la pandemia, estas herramientas evitaron un colapso total del sistema judicial, demostrando que la tecnología llegó para quedarse. Nadie quiere regresar a una justicia tramitada completamente sobre papel, con sus inherentes demoras y limitaciones físicas.
El diseño normativo versus la realidad operativa
El gran problema radica en que el diseño normativo no coincidió con la realidad operativa del poder judicial. No hubo un fortalecimiento adecuado de la infraestructura tecnológica, ni una capacitación suficiente del personal, ni un seguimiento serio de los resultados. Los usuarios enfrentan ahora una situación que raya en el absurdo:
- Las demandas y memoriales se radican de forma virtual
- El trámite interno sigue siendo predominantemente manual
- El traslado de un documento entre la Secretaría y el Despacho puede tomar meses
En la práctica, muchos juzgados funcionan como si la virtualidad se redujera a una simple bandeja de correo electrónico: los archivos llegan, pero los procesos no avanzan. El cuello de botella no desapareció; solo se volvió menos visible para el ciudadano común.
La normalización de la demora y sus consecuencias
Lo grave no es solo la demora en sí misma, sino su normalización dentro del sistema. Cuando una persona acude personalmente a un juzgado, muchas veces porque está desesperada por la inmovilidad de su proceso, la respuesta suele ser siempre la misma: "El juez no se encuentra; está en audiencia virtual". La virtualidad ha convertido a muchos despachos en espacios vacíos, atendidos por subalternos sin poder de decisión y con jueces que no se pueden ubicar físicamente.
Frente a este colapso, aparece entonces la invitación a la resignación. Con frecuencia, ante un reclamo por la cantidad de años que toma un proceso, la respuesta es del siguiente estilo: "¿De qué se queja? Aquí hay procesos que llevan muchos más años". Esta actitud es particularmente desafortunada cuando los involucrados son adultos mayores que, a ese ritmo, probablemente nunca verán el fallo de sus casos.
Falta de evaluación y transparencia
La propia Ley 2213 ordenó evaluar el proceso y los resultados de la virtualidad sobre el acceso a la justicia y el debido proceso. Sin embargo, cuando se consultó al Consejo Superior de la Judicatura sobre dicha evaluación, la respuesta con fecha 5 de octubre de 2025 fue frustrante: tan solo hasta el año 2025 (más de tres años después de proferida la ley) se suscribió un contrato para realizar dicha evaluación y, hasta ahora, no se ha publicado resultado alguno, ni se especificó cuándo se tendrá información concreta.
En esta medida, la mayor transformación judicial de los últimos años está operando en ausencia de indicadores oficiales sobre su impacto real. La virtualidad misma no es el problema fundamental; lo es la improvisación y la falta de consciencia de que la justicia es un derecho fundamental y no un favor por parte de quienes la imparten.
Camino hacia una justicia verdaderamente moderna
Colombia necesita urgentemente:
- Publicar con agilidad los resultados de evaluación, despacho por despacho
- Fortalecer los equipos técnicos y el talento humano, no solo comprar plataformas tecnológicas
- Garantizar una presencia efectiva del juez y canales efectivos de contacto con los usuarios
- Depurar procesos, eliminar reprocesos y automatizar las etapas mecánicas
- Humanizar la justicia virtual, reconociendo que detrás de cada radicado hay personas esperando
La tecnología debe servirle a la justicia, en lugar de agregar obstáculos e invisibilizarla. La virtualidad llegó como una promesa de eficiencia y hoy es, para muchos ciudadanos, un símbolo de frustración. Pero no todo está perdido: reconocer el problema es el primer paso para corregirlo.
Colombia merece una justicia moderna, sí, pero también una justicia oportuna, accesible, efectiva y responsable. Mientras la mora siga creciendo y las audiencias virtuales sigan convirtiendo los despachos en espacios vacíos, seguiremos presenciando una situación amarga: en Colombia, la justicia es tan virtual que a veces parece no existir.
