Juez ordena libertad inmediata de escolta y devolución de $145 millones incautados
En un fallo que genera repercusiones en el clima electoral, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura de Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. La decisión judicial no solo ordenó su libertad inmediata, sino también la devolución de los $145 millones que le fueron incautados durante su detención.
Detención y hallazgo del dinero en efectivo
Acuña había sido detenido el pasado 3 de marzo en las cercanías de Hatonuevo, La Guajira, cuando se movilizaba en un vehículo particular. Durante el procedimiento, la Policía Nacional halló el considerable monto en efectivo, distribuido en siete sobres marcados con nombres de dos municipios y un corregimiento de la región.
Su defensa, encabezada por el abogado Iván Cancino, celebró la decisión judicial con declaraciones contundentes. “La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, manifestó el letrado tras concluir la audiencia, destacando el respeto a las garantías procesales de su representado.
Fiscalía apela y mantiene investigación activa
Pese a la decisión del juez, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación de manera inmediata. Además, confirmó que un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción continuará adelantando las investigaciones para esclarecer el origen y destino de los recursos.
El director general de la Policía, general William Rincón, proporcionó detalles reveladores sobre el caso. Según sus declaraciones, la distribución del efectivo en sobres marcados podría evidenciar una posible estructura relacionada con delitos electorales. En el vehículo también fue encontrada propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, añadiendo otro elemento de análisis.
Durante el mismo procedimiento fueron capturadas dos personas adicionales, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
Reacciones políticas y orden presidencial contra compra de votos
El caso provocó reacciones inmediatas en el Congreso de la República. El representante Juan Carlos Losada calificó como “gravísimo” que el secretario de la Cámara estuviera presuntamente comprometido en conductas que podrían constituir delitos electorales y exigió explicaciones públicas sobre los hechos.
Desde la Presidencia de la República, el mandatario Gustavo Petro reiteró que existe una instrucción clara a la Policía Nacional para actuar frente a la compra de votos. “La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio”, enfatizó el jefe de Estado, subrayando la determinación gubernamental frente a estas prácticas.
Investigación continúa en contexto electoral
Aunque el escolta recuperó su libertad y el dinero le fue devuelto por orden judicial, la investigación por presunta compra de votos en La Guajira continúa en curso. El caso se desarrolla en un contexto marcado por la recta final hacia las elecciones legislativas, donde la transparencia del proceso electoral se mantiene bajo escrutinio constante.
Las autoridades judiciales y fiscales mantendrán el análisis de las evidencias recolectadas, mientras el equipo interdisciplinario especializado profundiza en los posibles vínculos entre el dinero incautado y actividades ilícitas relacionadas con el proceso democrático en la región guajira.
