El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desmintió categóricamente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta ocultación del informe de necropsia de Kevin Arley Acosta, el menor de siete años fallecido el pasado 13 de febrero. Durante su más reciente alocución, el mandatario aseguró que la entidad, bajo presunta influencia de la Fiscalía General, se negaba a entregar los resultados para darle un “manejo político” a la tragedia.
Ante estas acusaciones, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, aclaró que la institución se rige estrictamente por el ordenamiento jurídico y la reserva procesal. Según el funcionario, el Gobierno Nacional ha intentado acceder al documento por vías administrativas y judiciales sin éxito, debido a que el dictamen solo puede ser entregado a las autoridades competentes encargadas de la investigación penal.
El freno judicial a las pretensiones del Ministerio de Salud
La controversia escaló luego de que el Ministerio de Salud agotara recursos legales para obtener el informe. Cortés detalló una línea de tiempo que contradice la narrativa de una “orden política” para esconder las pruebas. El 4 de marzo, la cartera de Salud solicitó formalmente la historia clínica y la necropsia, a lo cual el Instituto respondió negativamente amparado en la ley.
Posteriormente, el 25 de marzo, el Ministerio interpuso una acción de tutela alegando una posible vulneración al derecho fundamental de petición. Sin embargo, el sistema judicial dio la razón a los forenses. “El 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social”, enfatizó el director de la entidad.
Esta decisión judicial ratifica que Medicina Legal, en su calidad de auxiliar de la justicia, no cuenta con la potestad de divulgar resultados de necropsias a entidades gubernamentales o personas naturales sin que medie una orden judicial expresa en el marco de una investigación en curso.
La versión de Petro frente a los hallazgos de la Procuraduría
El presidente Petro defendió la gestión de la Nueva EPS, sugiriendo que la muerte del niño pudo ser accidental. “No hay pruebas de que fue por culpa de la Nueva EPS; incluso, es muy probable que no haya muerto por eso (hemofilia)”, afirmó el jefe de Estado, ayer en su alocución en horas de la noche, señalando que el menor sufrió un accidente en bicicleta.
No obstante, esta versión se distancia de los hallazgos preliminares de la Procuraduría General de la Nación. El ente de control, luego de una inspección técnica, determinó que la Nueva EPS habría incurrido en negligencia al no suministrar a tiempo el medicamento Emicizumab, vital para tratar la hemofilia A severa que padecía Kevin. Según el Ministerio Público, el menor dejó de recibir su tratamiento durante dos meses, vulnerando los principios de continuidad y oportunidad en el servicio de salud.
Ariel Emilio Cortés fue enfático en la postura técnica del Instituto:
“El instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales (...) Nuestra misión es prestar servicios forenses sustentados en la investigación científica e imparcialidad”.
Hasta el momento, el expediente forense permanecerá bajo la entidad y en custodia. Por lo que será la Fiscalía General de la Nación, en el desarrollo de la investigación penal, la única entidad legalmente facultada para destapar el dictamen, evaluar las pruebas científicas y establecer las responsabilidades definitivas por el fallecimiento del menor en el departamento del Huila.
