Corte Suprema impone sanción histórica a abogado por uso de inteligencia artificial en recurso judicial
En un hecho sin precedentes en la jurisprudencia colombiana, la Corte Suprema de Justicia ha sancionado a un abogado con una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes por utilizar inteligencia artificial para redactar un recurso extraordinario de revisión. La decisión marca un punto de inflexión en la regulación del uso de herramientas tecnológicas en procesos judiciales.
El caso que desató la sanción
El abogado Jorge Hernán Zapata Vargas presentó ante la Corte Suprema un recurso de revisión que contenía graves irregularidades. Al analizar el documento, los magistrados descubrieron que incluía citas jurisprudenciales inexistentes y referencias normativas completamente falsas. Inicialmente, el profesional atribuyó estos errores a problemas de transcripción, pero tras sucesivas correcciones que mantenían las imprecisiones, finalmente admitió haber utilizado un programa de inteligencia artificial.
"En distintas jurisdicciones se han impuesto sanciones a profesionales que han presentado escritos con legislación inexistente o precedentes fabricados", señaló la Corte en su providencia del 4 de noviembre de 2025, destacando que esta práctica constituye una violación grave al deber de veracidad y verificación que todo abogado debe observar.
Las graves irregularidades detectadas
La investigación judicial reveló múltiples deficiencias en el recurso presentado:
- Citación de providencias judiciales que no pudieron ubicarse en fuentes oficiales
- Invocación imprecisa de normas procesales
- Referencia al artículo 250 del Código General del Proceso para sustentar causales de revisión, cuando esa norma carece de numerales y regula aspectos probatorios
- Posterior afirmación de que las causales correspondían al artículo 355 del mismo código
- Listado de sentencias supuestamente verificables en Relatoría que resultaron ser apócrifas
La Corte advirtió que estas irregularidades podían configurar temeridad procesal o mala fe, aplicándose las sanciones contempladas en los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso.
El proceso de defensa y la admisión final
Garantizando el debido proceso, la Corte concedió al abogado la oportunidad de defenderse y explicar las inconsistencias detectadas. Sin embargo, en su escrito de subsanación, el profesional volvió a incorporar fuentes falsas y referencias normativas incorrectas. Solo cuando se le notificaron estas nuevas imprecisiones, finalmente reconoció que los errores eran consecuencia de su uso de un programa de inteligencia artificial.
El abogado argumentó que utilizaba la herramienta "con el fin de agilizar las contestación y trámites", pero la Corte consideró que esto no eximía su responsabilidad profesional de verificar la exactitud de los contenidos presentados ante la autoridad judicial.
La sanción económica y sus destinos
La multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes deberá ser consignada a favor de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, con destino específico al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. El fallo establece un plazo de diez días siguientes a la ejecutoria de la providencia para realizar el pago en la cuenta habilitada en el Banco Agrario de Colombia.
Precedentes internacionales y advertencias
La Corte Suprema fundamentó su decisión en experiencias comparadas internacionales, donde ya se han documentado casos similares de sanciones a profesionales que presentaron escritos con legislación inexistente o precedentes fabricados mediante inteligencia artificial. El tribunal colombiano advirtió sobre la necesidad de establecer directrices claras para prevenir la incorporación de fuentes espurias en los estrados judiciales.
Esta sanción se produce en un contexto donde la Corte Suprema ya había manifestado preocupación por el uso de inteligencia artificial en procesos judiciales. Anteriormente, el alto tribunal había revocado un fallo de tutela al amparar el debido proceso de un condenado que alegaba que el juez de su caso había utilizado un borrador de sentencia elaborado con IA, el cual falseaba audiencias que ni siquiera se habían realizado.
La decisión establece un precedente crucial para la comunidad jurídica colombiana, marcando límites claros al uso de herramientas tecnológicas en la práctica legal y reafirmando la responsabilidad profesional de los abogados en la verificación de toda información presentada ante los tribunales.
