Multa económica para Daniel Quintero por incumplir orden judicial de retractación
En un fallo contundente, un juzgado de Medellín ha impuesto en las últimas horas una sanción económica contra el exalcalde de la ciudad y actual candidato presidencial, Daniel Quintero Calle. La multa asciende al pago de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes, como consecuencia directa del incumplimiento de una orden judicial previa que le exigía retractarse públicamente de afirmaciones lanzadas contra Sebastián López, concejal y director del Centro Democrático en Antioquia.
Origen de la controversia jurídica
La disputa legal se originó cuando Quintero aseguró públicamente que López "tenía controlada" la Procuraduría en la región para perseguirlo políticamente. Estas aseveraciones, según los registros judiciales, no pudieron ser sustentadas con pruebas concretas ante los estrados, lo que llevó a la emisión de una tutela en diciembre de 2025 que ordenaba una retractación formal.
El fallo judicial, fechado en febrero de 2026, es explícito al señalar que las acciones iniciales del exmandatario no satisficieron la orden original. Según el documento, la primera retractación publicada por Quintero en redes sociales no cumplió con las condiciones de despliegue y claridad exigidas legalmente, lo que derivó en la imposición de la multa económica como medida coercitiva.
Nueva retractación y matices del candidato
Ante la presión de la sanción y la negativa de una tutela con la que Quintero buscaba proteger su derecho a la libre expresión, el candidato presidencial publicó este jueves 12 de febrero un nuevo mensaje en su cuenta de X. En el texto, admite explícitamente la carencia de evidencia fáctica para sus señalamientos originales:
"No tengo motivos fundados ni pruebas para afirmar que el concejal tenga 'controlada la Procuraduría de Antioquia', que 'no le pasa ni le va a pasar nada' o que 'va a buscar cómo joderme usando la Procuraduría'. Reconozco que esas frases no describen hechos ciertos ni definitivos, sino opiniones personales, y por ello me retracto de dichas expresiones".
Sin embargo, Quintero aprovechó el espacio para matizar su rectificación, alegando que sus palabras fueron una reacción a lo que considera una campaña de calumnias en su contra por parte de López. El candidato se quejó además de un presunto desequilibrio en la actuación de los entes de control, sugiriendo que existe un trato diferenciado en el escrutinio público.
Conflicto lejos de resolverse
A pesar de la publicación del exalcalde, el conflicto jurídico está lejos de considerarse resuelto. Sebastián López ha advertido públicamente que el cumplimiento de la orden judicial no es opcional ni interpretable, sino que debe ajustarse estrictamente a los términos legales establecidos.
Previo al último mensaje de Quintero, el concejal había lanzado un ultimátum de 24 horas, subrayando que si la rectificación no se ajustaba completamente a los requisitos judiciales, procedería a solicitar medidas más severas. En esta instancia, las consecuencias legales podrían escalar significativamente:
- De una sanción monetaria inicial
- A una posible orden de arresto, como mencionó explícitamente López en un video dirigido al precandidato
- Complicando sustancialmente el panorama político de Quintero en plena carrera por la presidencia de la República
El caso representa un golpe significativo para la campaña presidencial de Quintero, no solo por el impacto económico de la multa, sino por las implicaciones políticas de admitir públicamente la falta de fundamento en acusaciones contra una figura política opositora. La situación pone en evidencia las tensiones políticas en Antioquia y los límites de la expresión pública en contextos electorales.
