Procuraduría intensifica presión judicial sobre convenio de pasaportes de Petro con nuevo documento clave
Nuevo documento judicial de Procuraduría sobre pasaportes de Petro

Procuraduría intensifica ofensiva judicial contra convenio de pasaportes del gobierno Petro

En un nuevo movimiento legal que aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría General de la Nación radicó un documento clave respaldando una acción popular contra el convenio para la producción de pasaportes con Portugal. Este hecho ocurre mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantiene en suspenso su decisión sobre una demanda paralela que busca suspender los efectos del polémico acuerdo.

Doble frente judicial contra el convenio

El ente de control, en oficio firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa, respalda formalmente la acción popular interpuesta contra el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional. El documento, al que tuvo acceso exclusivo EL TIEMPO, argumenta que la Procuraduría cuenta con información directa y documentada sobre las irregularidades del caso, recogida durante una visita preventiva realizada el 6 de agosto de 2025.

"La Procuraduría pudo constatar de manera directa que la Imprenta Nacional de Colombia no ejecutará materialmente ninguna de las actividades sustanciales del objeto contractual", señala el oficio. Según el análisis, las obligaciones de la entidad colombiana se limitan a recibir capacitación de la Casa de la Moneda de Portugal (INCM) y realizar desembolsos, mientras que todas las actividades sustanciales de diseño, producción y distribución serán asumidas por la contraparte portuguesa.

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Irregularidades documentadas en contrato millonario

Entre las principales objeciones presentadas por el Ministerio Público destacan:

  • El documento que autorizó la selección de Portugal como aliado carece de firmas, poniendo en duda su validez jurídica
  • Ausencia de análisis económicos para estimar el presupuesto oficial del proceso, valorado en más de 1,3 billones de pesos
  • Falta de estudio sectorial desde perspectivas legal, comercial, financiera y técnica
  • Omisión de evaluación de alternativas disponibles en el mercado

"La ausencia de este análisis implica que el valor del convenio fue determinado sin metodología verificable, sin cotizaciones comparativas y sin un modelo financiero que respaldara la razonabilidad del precio pactado", afirma categóricamente el documento de la Procuraduría.

Presentación oficial contrasta con batalla judicial

El nuevo movimiento judicial ocurre apenas días después de que el presidente Petro presentara oficialmente las características del nuevo pasaporte colombiano, destacando su tecnología de seguridad avanzada. Durante el evento del 1 de abril, ni la canciller Rosa Villavicencio ni la jefe de la Imprenta Nacional, Viviana León, hicieron referencia a los procesos judiciales que amenazan el cronograma de implementación.

León admitió que, por algunas semanas, Thomas Greg -la compañía que el gobierno busca reemplazar- continuará produciendo pasaportes hasta agotar existencias, sin mencionar que este plan podría verse afectado por decisiones judiciales pendientes.

Escenario de visita especial y pronunciamientos pendientes

Fuentes cercanas al caso revelaron a EL TIEMPO que no se descarta que uno de los despachos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordene en las próximas horas una visita especial de control. Esta medida permitiría verificar los datos suministrados tanto por la Procuraduría como por el ciudadano Nicolás Dupont Bernal, quien radicó la acción popular.

Actualmente, dos despachos del Tribunal mantienen bajo estudio tanto la demanda de nulidad absoluta como la acción popular respaldada por el nuevo documento de la Procuraduría. La decisión sobre la solicitud de medida cautelar para suspender los efectos del convenio sigue pendiente, creando un escenario de incertidumbre jurídica sobre el futuro del acuerdo con Portugal.

El documento de la Procuraduría enfatiza que los hechos objeto de la acción popular "resultan determinantes para la comprensión cabal de las vulneraciones a los derechos colectivos invocados", consolidando así un frente legal coordinado contra lo que califica como deficiencias estructurales en el proceso contractual.

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