Procuraduría inicia investigación disciplinaria por contratos cuestionados en la Unidad de Víctimas
La Procuraduría General de la Nación ha abierto formalmente una investigación disciplinaria contra cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos celebrados durante el año 2022. El ente de control, bajo la dirección de Gregorio Eljach, busca determinar responsabilidades en lo que parece ser un manejo cuestionable de recursos destinados a la atención de víctimas del conflicto armado colombiano.
Contratos con pagos sin sustento adecuado
Según la información revelada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, los contratos en cuestión tenían como objetivo principal prestar servicios de atención al ciudadano y a víctimas del conflicto armado, función central de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que los contratistas no habrían cumplido con sus obligaciones contractuales, y los pagos girados bajo estos conceptos carecerían de la debida sustentación documental.
"Al parecer, los contratistas no cumplieron con sus obligaciones y los pagos girados bajo estos conceptos no estarían debidamente sustentados", señaló la Procuraduría en su comunicado oficial. Esta situación ha generado alertas sobre posibles desvíos de recursos que deberían estar destinados exclusivamente a la reparación integral de las víctimas.
Funcionarios bajo la lupa de la justicia
Los cinco funcionarios investigados por la Procuraduría son:
- Guillermo Martínez Daza, quien se desempeñó como secretario general de la UARIV
- Jaime Humberto Jiménez Vergel, coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano
- Enrique Ardila Franco, director técnico de reparación
- Héctor Gabriel Camelo Ramírez, director técnico de gestión social
- Luis José Azcárate García, director técnico de gestión humanitaria
El Ministerio Público ha ordenado la práctica de pruebas documentales exhaustivas para establecer con precisión el tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos irregulares. Esta recolección de evidencia busca reconstruir minuciosamente el proceso de contratación y ejecución de los recursos.
Contexto de la contratación pública en entidades estatales
Vale recordar que las entidades públicas colombianas, como la Unidad de Víctimas, tienen la facultad de contratar tanto a personas naturales como jurídicas para la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, estos procesos deben seguir estrictamente los lineamientos establecidos en la normativa de contratación estatal para garantizar transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
La investigación se enmarca en un contexto donde la Auditoría General de la República ya había advertido sobre más de 262.000 contratos directos realizados antes de la implementación de la Ley de Garantías en 2026, lo que evidencia la necesidad de mayores controles en los procesos de contratación pública.
La Procuraduría ha enfatizado que este caso representa un esfuerzo por garantizar que los recursos destinados a las víctimas del conflicto armado sean utilizados de manera transparente y eficiente, cumpliendo con el propósito fundamental de reparación y atención que justifica la existencia misma de la Unidad para las Víctimas.
