La Procuraduría General de la Nación manifestó su oposición formal a la controvertida oferta del empresario Carlos José Mattos Barrero, quien propuso entregar camionetas blindadas como mecanismo de reparación a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta propuesta se enmarca dentro del proceso judicial que enfrenta Mattos por sus salidas irregulares de la cárcel para atender asuntos personales.
Detalles de la negociación rechazada
Recientemente, la Fiscalía formalizó ante la jueza 42 de control de garantías el principio de oportunidad que había negociado con la defensa del empresario. En este acuerdo se estableció la entrega de vehículos blindados de alta gama, valorados en aproximadamente 390 millones de pesos, para ser utilizados en labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad.
Los vehículos, descritos con lujo de detalles técnicos, incluirían sistemas de seguridad avanzados como dirección y asistencia electrónica, frenos de disco en ambos ejes, sistema ABS, distribución electrónica de frenado, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente, luces delanteras y diurnas, dos airbags, cinturones de seguridad y un sistema de alerta de colisión frontal.
Fundamentos del rechazo procuradorial
Sin embargo, el procurador asignado al caso determinó que esta supuesta "donación" no cumple con varios de los requisitos esenciales exigidos para validar un principio de oportunidad. La Procuraduría consideró que la entrega de estos vehículos por parte de Mattos resulta inapropiada, especialmente considerando que el empresario actualmente cumple dos condenas por sobornar a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para obtener beneficios en medidas cautelares.
El procurador argumentó que, a pesar de lo manifestado por la Fiscalía, esta negociación no puede ser avalada debido a deficiencias sustanciales en el cumplimiento de los criterios legales establecidos para este tipo de acuerdos.
Antecedentes del caso Mattos
Carlos Mattos fue imputado en 2024 por los delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión, tras utilizar de manera indebida permisos para asistir a citas médicas en Bogotá. Según investigaciones periodísticas publicadas en marzo de 2022, Mattos salía regularmente de la cárcel La Picota hacia una oficina en la calle 100 con carrera 19, donde atendía asuntos personales que incluían reuniones con clientes, inversores y sus abogados.
Tras estallar el escándalo, las autoridades cancelaron varios de sus permisos y desde la dirección del Inpec se ordenó una revisión exhaustiva de todas sus salidas. Este caso representa otro capítulo en la compleja relación entre el empresario y el sistema judicial colombiano.
Próximos pasos en el proceso
La audiencia judicial continuará el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, con la intervención de la defensa del empresario. Este desarrollo ocurre en un contexto donde Mattos busca acceder a mecanismos de justicia restaurativa en su proceso por las salidas sin permiso de la cárcel, presentando una oferta que ha generado amplia controversia en el ámbito jurídico.
La posición de la Procuraduría marca un punto crucial en este caso, estableciendo límites claros sobre lo que puede considerarse una reparación adecuada dentro del marco legal colombiano, especialmente cuando proviene de un condenado por corrupción judicial.
