Consejo de Estado suspende decreto que ordena trasladar $25 billones a Colpensiones
Suspenden decreto de traslado de $25 billones a Colpensiones

El sistema pensional colombiano entra en una nueva etapa de incertidumbre jurídica. El reciente Decreto 415 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional para acelerar el flujo de recursos hacia Colpensiones, fue llevado ante los tribunales por Asofondos. Ante la inminencia de los plazos, algunos de los cuales vencían en menos de quince días, el Consejo de Estado decidió suspender parcialmente el decreto en cuestión.

Detalles de la suspensión

La decisión se produce luego de que el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez radicara una demanda de nulidad contra el acto administrativo que pretendía obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a girar 25 billones de pesos de los recursos de quienes se acogieron al denominado "traslado de oportunidad". Según el decreto, el 50 % del capital debía entregarse en un plazo de veinte días, y el resto en los diez días siguientes.

Argumentos del demandante

El demandante sostiene que esta medida constituye un "salto al vacío" normativo. Argumenta que, de acuerdo con las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo la gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser captado de forma anticipada por el Estado. La demanda presenta una batería de argumentos legales, entre los que destacan:

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  • Exceso de potestad reglamentaria: El Ejecutivo habría intentado "reescribir" la ley en lugar de solo reglamentarla.
  • Riesgo financiero: Se cuestiona la urgencia del Gobierno por obtener liquidez inmediata a costa de cambiar las reglas de administración de los ahorros.
  • Desviación de poder: Se sugiere que el decreto busca asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la Ley 2381 de 2024.

El Consejo de Estado, al analizar los argumentos, consideró que existen elementos suficientes para suspender temporalmente el decreto mientras se estudia la demanda de fondo. Esta decisión genera un nuevo escenario de incertidumbre para los afiliados y las administradoras, a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia.

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