Tercera negativa de libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz en caso Ungrd
Por tercera ocasión, la justicia colombiana ha denegado la solicitud de libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión, emitida recientemente, mantiene a Ortiz privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, en relación con su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerado uno de los más grandes del actual gobierno.
Detalles de la decisión judicial
Tras una segunda petición de libertad resuelta el 21 de enero, la defensa de Ortiz interpuso un habeas corpus, el cual fue recibido por el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Este tribunal determinó que no era necesario anular la decisión previa, afirmando que no se vulneraron los derechos fundamentales de la exfuncionaria. En consecuencia, Ortiz permanecerá recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada al norte de Bogotá, mientras se define su culpabilidad en el proceso penal.
El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, de la Corte Suprema de Justicia, analizó los plazos del caso y señaló que, aunque Ortiz fue acusada el 24 de enero de 2025, de los días que ha estado privada de la libertad, 170 corresponden a aplazamientos solicitados por su defensa. Además, indicó que "restan 195 días imputables a la judicatura, cifra que resulta insuficiente para cumplir el requisito de ley", justificando así la negativa de libertad.
Historial de negativas y contexto del caso
Esta no es la primera vez que Ortiz enfrenta un revés judicial. Las negativas previas incluyen:
- 21 de enero: La jueza 79 con función de control de garantías de Bogotá negó por segunda vez la libertad, argumentando falta de condiciones para el vencimiento de términos.
- 31 de diciembre de 2025: El mismo despacho judicial rechazó la primera solicitud, al considerar que no se había cumplido el plazo máximo tras la acusación de enero de 2025.
- Octubre de 2025: Se denegó una solicitud de libertad condicional, al estimar que Ortiz aún representa un riesgo para la comunidad y podría obstruir el proceso penal.
Ortiz, la primera funcionaria cercana al presidente Petro en ser encarcelada, es investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según la Fiscalía, habría actuado como intermediaria para entregar sobornos millonarios a expresidentes del Congreso, como Iván Name y Andrés Calle, con el fin de destrabar reformas gubernamentales. Se alega que en octubre de 2023, recibió en Bogotá maletas con 1.500 millones de pesos en efectivo, provenientes de recursos de la Ungrd, para entregarlas a Name.
A pesar de intentar negociar con la justicia, incluyendo un principio de oportunidad en abril de 2025, la Fiscalía rechazó esta opción debido a la escasa información proporcionada por Ortiz. La exconsejera ha negado los hechos y afirma que demostrará su inocencia en el transcurso del proceso.
