En un nuevo pronunciamiento, el Tribunal Administrativo de Bolívar aclaró la confusión que se había generado en torno a Coosalud EPS, la cual se encuentra actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Según el alto tribunal, esta EPS sí cuenta con un representante legal legítimo, y es a él a quien debe restituirse la administración de la entidad.
Antecedentes de la intervención
El pasado 16 de abril, el Tribunal ya había emitido una medida cautelar que suspendía las resoluciones que ordenaron y prorrogaron la intervención de Coosalud EPS. En ese entonces, se ordenó la suspensión provisional de los actos administrativos de la Supersalud, pero persistían dudas sobre quién debía asumir el control de la EPS.
Nuevo pronunciamiento del 23 de abril
En su más reciente decisión, fechada el 23 de abril, el Tribunal especificó que las personas legitimadas para recibir la administración y dirección de Coosalud EPS S.A. son el señor Jaime González Montaño, designado como representante legal presidente por la Junta Directiva mediante acta número 07 del 25 de mayo de 2018, y la señora Natalia Largo González, designada como representante legal suplente mediante acta número 79 del 3 de marzo de 2023. Esta aclaración surgió a raíz de una solicitud de los propios González Montaño y Largo González, quienes pidieron al Tribunal que dejara constancia de su condición de representantes legales al momento de la intervención, ocurrida en noviembre de 2024.
Controversia con la Supersalud
La necesidad de esta aclaración se originó por declaraciones de María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, quien aseguró en un video y en varios medios de comunicación que Coosalud EPS carecía de representante legal. Navarro afirmó que no existía un documento formal de la asamblea de accionistas que acreditara a Jaime González como representante legal, ni un certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena que respaldara su designación. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar contradice esa versión y ordena que su aclaración sea comunicada a la Cámara de Comercio de Cartagena para que quede registrado que Jaime González sí es el representante legal de la EPS.
Comunicación a entidades de control
Además, el Tribunal dispuso que su decisión sea notificada al Contralor Delegado para el Sector Salud de la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que estas entidades tengan conocimiento oficial de la situación legal de la EPS.
Denuncia penal contra el interventor
El 20 de abril, el abogado de Jaime González radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el interventor de la EPS, Jorge Orlando Suárez, por presuntamente negarse a cumplir la orden del Tribunal de Bolívar de entregar inmediatamente la administración de la EPS. La denuncia incluye los delitos de prevaricato por acción, usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial, según lo publicado por el abogado en su cuenta de la red social X.
Medida cautelar y deterioro de la EPS
Al analizar los argumentos de Jaime González Montaño y Natalia Largo González, el Tribunal decretó la suspensión provisional de las resoluciones de la Supersalud que ordenaron la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para administrar Coosalud EPS S.A. También suspendió la resolución del 21 de noviembre de 2025 que prorrogó la intervención por un año. El Tribunal consideró que, aunque la intervención estuvo justificada por la necesidad de estabilizar financiera y operativamente la entidad, dicho objetivo nunca se materializó. Por el contrario, tras la intervención se reportó un incremento significativo de quejas y acciones de tutela contra la EPS, así como un deterioro de sus indicadores financieros. El aumento exponencial de la insatisfacción de los usuarios, con 107.252 PQR registradas, sumado a la inestabilidad en la dirección, evidencian el fracaso de la medida.
Esta decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar busca restablecer la legalidad en la dirección de Coosalud EPS y garantizar que la administración vuelva a manos de sus representantes legítimos, en espera de que se resuelva de fondo la situación de la entidad.
