Intercambio judicial-diplomático por contrato de pasaportes con Portugal
Esta semana, mientras Colombia implementaba el nuevo modelo para la expedición de pasaportes, se reveló públicamente el cruce de comunicaciones entre la justicia y la Cancillería. El objetivo es obtener una respuesta oficial de la Casa de la Moneda de Portugal sobre la legalidad del contrato firmado entre ambas naciones.
Nuevo esquema y cuestionamientos legales
Desde el 1 de abril, Colombia opera bajo un nuevo esquema para la emisión del documento de identidad, desarrollado en colaboración con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa. El acuerdo, con una duración de 10 años, contempla la transferencia de conocimiento tecnológico para que eventualmente los pasaportes se produzcan completamente en territorio colombiano.
El contrato suscrito el 28 de julio de 2025 tiene un valor de 1,3 billones de pesos y forma parte de la política del presidente Gustavo Petro de retirar el negocio a Thomas Greg & Sons, empresa multinacional que ha sido objeto de cuestionamientos durante meses. Sin embargo, la Procuraduría General demandó el convenio en octubre del año pasado, alegando serias irregularidades en su estructuración.
Irregularidades detectadas por la Procuraduría
Entre las principales falencias identificadas se encuentra el uso del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que regula la contratación con entidades internacionales. Según la Procuraduría, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa habrían aportado solamente el 21% del valor total del negocio, incumpliendo el requisito mínimo del 50% establecido para este tipo de acuerdos.
Como consecuencia, la Procuraduría busca:
- La anulación del convenio entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda
- La suspensión cautelar de todos los giros financieros que Colombia realice a Portugal en el marco de este contrato
Intervención del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre, donde el magistrado ponente José Élver Muñoz asumió su estudio. Mientras examina la posibilidad de adoptar medidas provisionales, el Tribunal tomó una decisión significativa el pasado 18 de marzo: solicitar formalmente a la Cancillería que active los canales diplomáticos para consultar a Portugal sobre la legalidad del contrato.
El despacho judicial preparó una carta rogatoria traducida al portugués, fundamentando su solicitud en el Convenio de La Haya sobre notificación y traslado de documentos judiciales en el extranjero. En la comunicación enviada a la Cancillería, el magistrado Muñoz indicó: "Me permito remitir a usted el Despacho Comisorio o exhorto dirigido a la Directorate-General for the Administration of Justice Ministry or Justice en Lisboa - Portugal para que por su digno cargo ordene a quien corresponda solicitar, oficiar, a la entidad señalada".
Respuesta de la Cancillería y desacuerdo procedimental
El 27 de marzo, el Tribunal recibió una respuesta de dos páginas del Grupo Interno de Trabajo, Asuntos Consulares y Cooperación Judicial de la Cancillería. En el documento, se señala que la solicitud no se realizó de la forma correcta, a pesar de que el Tribunal había invocado el Convenio de La Haya en su pedido.
Según la Cancillería, la carta rogatoria citaba la Convención Interamericana Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y los formularios adjuntos hacían referencia al Convenio de La Haya, "mismas que no son aplicables para el presente caso". La entidad diplomática indicó que para surtir la diligencia, el despacho judicial debe emitir la Carta Rogatoria sin invocar convenio alguno.
La Cancillería estableció requisitos adicionales:
- El pedido debe apostillarse y traducirse oficialmente
- Debe dirigirse a Portugal con aval del Consejo Superior de la Judicatura
- Debe allegarse al Ministerio conforme al artículo 41 de la ley 1564 de 2012
En su oficio, la Cancillería fundamentó su posición en "los principios de reciprocidad, voluntariedad y soberanía de los Estados", indicando que solo después de cumplir estos requisitos se remitiría la solicitud por vía diplomática a las autoridades portuguesas.
Situación actual y preguntas pendientes
Hasta el momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha respondido a la comunicación de la Cancillería, manteniéndose el impasse procedimental sobre cómo consultar oficialmente a Portugal sobre el contrato de pasaportes.
Mientras tanto, el convenio con la Casa de la Moneda portuguesa continúa vigente, aunque persisten interrogantes importantes:
- El tiempo que demorará la adquisición del documento, considerando que inicialmente se imprimirá en Portugal
- La seguridad del negocio, dado que no existe una póliza de garantía vigente
- La eventual respuesta de Portugal si finalmente se logra realizar la consulta diplomática
El caso representa un complejo entrelazamiento entre consideraciones judiciales, diplomáticas y de política pública, con implicaciones significativas para la modernización del sistema de identificación colombiano y las relaciones internacionales del país.
