El Tribunal Supremo de EE.UU. muestra escepticismo ante nuevas restricciones a la SEC
El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos demostró poco entusiasmo durante una audiencia clave para imponer limitaciones adicionales a una de las herramientas más importantes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los magistrados evaluaron la posibilidad de restringir el poder del organismo regulador financiero para recaudar ganancias obtenidas ilegalmente, en un caso que podría tener amplias repercusiones en el sistema financiero estadounidense.
El debate sobre la restitución de ganancias ilícitas
Durante la audiencia celebrada este lunes en Washington, el tribunal analizó si la SEC debe demostrar un daño identificable a los inversores para poder obtener la "restitución", un recurso legal diseñado específicamente para recuperar las ganancias ilícitas y devolverlas a las víctimas afectadas por prácticas fraudulentas. Este debate se produce tras un fallo de 2020 donde el mismo tribunal limitó parcialmente las facultades de la comisión regulatoria.
Lo más llamativo fue el cambio de postura del juez Clarence Thomas, quien en 2020 había votado a favor de prohibir completamente la restitución de ganancias ilícitas. Durante esta nueva audiencia, Thomas indicó que "el mundo ha cambiado en este ámbito", haciendo referencia a una ley que el Congreso aprobó después del fallo anterior, lo que sugiere una posible evolución en su posición jurídica.
Una señal positiva para el gobierno
La sesión del lunes, aunque no definitiva, mostró indicios que podrían interpretarse como favorables para la postura gubernamental. El tribunal dedicó menos de media hora a interrogar al abogado del Departamento de Justicia que representaba a la SEC en su solicitud de amplias facultades para la devolución de ganancias ilícitas. Este tiempo contrasta significativamente con la práctica habitual del tribunal, que suele dedicar más de una hora a cuestionar con escepticismo a los abogados que defienden posiciones gubernamentales.
La SEC argumenta firmemente que debería poder obtener la restitución de ganancias ilícitas sin tener que demostrar un daño identificable a los inversores, conocido en términos legales como daño pecuniario. Malcolm Stewart, abogado del Departamento de Justicia, declaró que "la restitución de ganancias ilícitas tiene como objetivo privar al acusado de las ganancias obtenidas ilegalmente y se calcula en función de los beneficios".
Impacto potencial en casos emblemáticos
El fallo final del tribunal influirá directamente en una amplia gama de casos de la SEC donde las víctimas no son fáciles de identificar, desde infracciones menores en el mantenimiento de registros hasta graves acusaciones de uso de información privilegiada. La importancia económica de esta herramienta regulatoria es considerable: la SEC utilizó la restitución de ganancias ilícitas para obtener órdenes de pago por más de 6.000 millones de dólares en el año fiscal 2024 y casi 11.000 millones de dólares el año anterior.
Este conflicto legal también podría afectar significativamente la demanda de la SEC contra Elon Musk por supuestamente incumplir el plazo para revelar su creciente participación en Twitter, ahora conocida como X, lo que habría generado un ahorro de más de 150 millones de dólares. En una demanda presentada días antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, la SEC busca específicamente la restitución de las ganancias ilícitas, además de sanciones civiles adicionales.
Distinción crucial: restitución versus sanciones
Es fundamental comprender que la restitución de ganancias ilícitas es distinta de las sanciones civiles, que la agencia puede utilizar como castigo cuando cumple con los requisitos legales específicos. En 2024, la Corte Suprema ya había dictaminado que los acusados tienen derecho constitucional a un juicio con jurado en un tribunal federal cuando la comisión solicita sanciones civiles.
Daniel Geyser, el abogado que impugna a la SEC, argumentó que el enfoque propuesto por la comisión "eliminaría la distinción entre la devolución de ganancias ilícitas y las sanciones civiles". Según Geyser, quien representa a un hombre acusado por la SEC de participar en esquemas fraudulentos vinculados a al menos 20 empresas de acciones de bajo valor, este enfoque "permitiría una forma ilimitada de restitución rechazada por este tribunal y desvinculada de sus raíces tradicionales".
Posturas divergentes entre los magistrados
Geyser recibió críticas directas del ala liberal del tribunal, incluida la jueza Ketanji Brown Jackson, quien cuestionó: "Si lo único que hacemos es devolverle sus ganancias ilícitas, no entiendo por qué eso es un castigo". Esta postura refleja el debate fundamental sobre la naturaleza de la restitución como herramienta regulatoria.
Por otro lado, el juez conservador Neil Gorsuch señaló las estadísticas de la SEC que indican que solo una pequeña fracción del dinero obtenido mediante órdenes de restitución se devuelve efectivamente a las víctimas. Gorsuch sugirió que los acusados ante la SEC podrían tener derecho, al menos, a un juicio con jurado en virtud de la Séptima Enmienda de la Constitución si la comisión se queda con las indemnizaciones por restitución. "No veo cómo no se activaría la Séptima Enmienda si el gobierno simplemente decidiera quedarse con todo el dinero", afirmó el magistrado.
El caso concreto que motiva el debate
El caso que originó esta discusión involucra a Ongkaruck Sripetch, quien presuntamente se asoció con otras personas para promocionar acciones y luego venderlas antes de que su precio se desplomara. Según la SEC, estos esquemas fraudulentos generaron ganancias ilícitas por valor de 6,6 millones de dólares. Sripetch se declaró culpable por separado de un cargo de venta de valores no registrados y fue sentenciado a 21 meses de prisión, pero el aspecto de la restitución de ganancias ilícitas sigue pendiente de resolución.
La decisión final del Tribunal Supremo establecerá un precedente crucial sobre el alcance de las facultades regulatorias de la SEC y el equilibrio entre la protección de los inversores y los derechos de los acusados en casos de presuntas irregularidades financieras.
