ANLA inicia investigación sancionatoria contra Hidroituango por inundación de 60 hectáreas
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la apertura de un proceso de investigación sancionatorio en contra de Hidroituango, la hidroeléctrica más grande que opera actualmente en Colombia. La directora de la entidad, Irene Vélez Torres, confirmó esta decisión durante una entrevista concedida a Caracol Radio, señalando que la investigación se centra en la inundación de 60 hectáreas registrada durante el frente frío del pasado mes de febrero.
Detalles de la investigación ambiental
Según explicó Vélez Torres, el proceso se activa debido a las lluvias atípicas que ocurrieron en febrero, una época que tradicionalmente corresponde a la temporada seca en el país. La funcionaria detalló que la ANLA buscará establecer si existieron incumplimientos por parte de Hidroituango en el manejo de los niveles del embalse durante esta emergencia climática. Este caso no es aislado, ya que hace pocas semanas se abrió un procedimiento similar contra la hidroeléctrica de Urrá, ubicada en el departamento de Córdoba, también relacionado con decisiones operativas durante el mismo frente frío.
La directora de la ANLA enfatizó que la investigación analizará específicamente si la operación de Hidroituango falló en controlar adecuadamente el caudal liberado aguas abajo del embalse, lo que habría generado una presunta afectación en toda la ribera del río Aguasabá. Además, se examinarán otros aspectos críticos como:
- Los registros de liberación de caudal aguas arriba y aguas abajo del embalse, los cuales presentarían inconsistencias según los reportes preliminares.
- Una posible elevación no autorizada de la cota del embalse durante los primeros meses del año.
Antecedentes y plazos del proceso
Irene Vélez Torres reveló que, en la última década, se han iniciado un total de 29 procesos sancionatorios en contra de Hidroituango, de los cuales 20 aún se encuentran en disputa. La directora de la ANLA advirtió que estos procedimientos pueden extenderse hasta cinco años, por lo que las decisiones finales respecto a la investigación actual podrían tardar en materializarse. Este largo plazo refleja la complejidad y el rigor con el que la autoridad ambiental aborda casos de esta magnitud, especialmente cuando involucran a infraestructuras críticas para el sector energético nacional.
La apertura de este proceso sancionatorio subraya la creciente supervisión que ejercen las autoridades ambientales sobre proyectos de gran escala, en un contexto donde los eventos climáticos extremos, como los frentes fríos atípicos, exigen respuestas operativas precisas y responsables. La investigación no solo busca determinar responsabilidades por la inundación de las 60 hectáreas, sino también evaluar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la gestión de embalses en situaciones de emergencia.
