ANLA abre nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntos incumplimientos ambientales
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha iniciado un nuevo proceso sancionatorio contra la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., titular del proyecto hidroeléctrico Pescadero–Ituango, tras identificar presuntos incumplimientos en sus obligaciones ambientales. Esta decisión se basa en hallazgos técnicos que apuntan a fallas en la regulación de descargas de agua y en la ejecución de medidas ambientales obligatorias antes del ascenso del nivel del embalse.
Hallazgos técnicos y presuntos incumplimientos
El proceso sancionatorio se origina en las recomendaciones del Concepto Técnico 2997 de 2026, elaborado por la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA. Según el documento, los hechos bajo investigación corresponden a un presunto incumplimiento en varios frentes operativos y ambientales del proyecto. Entre los puntos señalados, la autoridad indica que la empresa no habría realizado el control de los caudales descargados aguas abajo del sitio de presa conforme a la regla de operación establecida.
Además, se investiga si los caudales liberados desde el vertedero han sido inferiores a los registrados en la estación de entrada al embalse, lo que implicaría una posible alteración en el equilibrio hídrico del sistema. El informe también menciona presuntas fallas en la implementación de medidas necesarias para mantener el equilibrio del caudal durante periodos de sequía o estiaje, en relación con los aportes y descargas del embalse. Estas condiciones son consideradas críticas en la operación de proyectos hidroeléctricos, debido a su impacto sobre ecosistemas y comunidades ubicadas aguas abajo.
En materia ambiental, la ANLA incluyó dentro de la investigación la inundación de 59,82 hectáreas en el vaso del embalse sin que se hubieran ejecutado previamente acciones como el aprovechamiento forestal, el rescate de fauna, el ahuyentamiento de especies, el salvamento de germoplasma y la reubicación de especies en veda. Estas medidas hacen parte de las obligaciones asociadas al licenciamiento ambiental del proyecto.
Procedimiento sancionatorio y marco legal
La ANLA precisó que la apertura del proceso sancionatorio se produce cuando se identifica un presunto incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del titular de la licencia. En este caso, la investigación se adelanta conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 1999, modificada por la Ley 2387 de 2024, que regula el régimen sancionatorio ambiental en Colombia.
De acuerdo con la normativa vigente, la autoridad cuenta con un plazo máximo de cinco años desde la apertura del proceso para determinar si existe responsabilidad. Durante ese periodo se desarrollan distintas etapas procesales que incluyen la formulación de cargos, la presentación de descargos por parte del investigado, la práctica de pruebas y la decisión final. El procedimiento busca establecer si las conductas señaladas constituyen infracciones ambientales y, en caso afirmativo, determinar las sanciones correspondientes, que pueden ir desde multas económicas hasta otras medidas administrativas.
La entidad reiteró que su función misional consiste en evaluar, hacer seguimiento y ejercer control sobre las actividades sujetas a licenciamiento ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y prevenir afectaciones a los recursos naturales y a las comunidades.
Historial sancionatorio y contexto sectorial
Con este nuevo proceso, el proyecto Hidroituango acumula un total de 29 procesos sancionatorios, de los cuales 20 se encuentran activos y 9 han llegado a una decisión de fondo. Esta cifra lo ubica entre los proyectos hidroeléctricos con mayor número de investigaciones en curso bajo el seguimiento de la ANLA.
En el conjunto del sector hidroeléctrico, la autoridad reporta 55 procesos sancionatorios activos. Entre los titulares con mayor número de investigaciones se encuentran Hidroituango con 20 procesos, Isagen con 13 y Enel con 9, lo que refleja un nivel de seguimiento sostenido sobre las principales iniciativas de generación energética del país.
La ANLA también informó que, en el último año, bajo la dirección de Irene Vélez Torres, se han impuesto 124 sanciones, cifra que representa un incremento significativo frente a periodos anteriores. Según la entidad, este número equivale a nueve veces el promedio registrado en el gobierno anterior. En términos económicos, las multas impuestas alcanzaron los $82.467 millones, lo que constituye el mayor monto histórico reportado por la autoridad y un aumento del 230 % en comparación con el recaudo promedio de administraciones previas.
