Parque Tayrona amanece vacío tras acuerdo histórico con comunidad Kogui
El Parque Nacional Natural Tayrona presentó una imagen inédita este sábado: accesos completamente cerrados, ausencia total de turistas y una presencia militar permanente que custodia cada entrada. El silencio reinó donde normalmente se escucharían las conversaciones de mochileros y el bullicio de visitantes camino a las playas más emblemáticas del Caribe colombiano.
Diálogo evita confrontación y establece tregua temporal
Después de una semana de máxima tensión y advertencias cruzadas, las comunidades indígenas Kogui decidieron acatar la orden emitida por Parques Nacionales Naturales y retirarse del control que venían ejerciendo dentro de la reserva natural. Esta decisión llegó tras la instalación de la primera mesa de diálogo institucional, un encuentro que evitó lo que muchos temían: un choque directo entre indígenas y fuerza pública en uno de los territorios más sensibles del país.
La intervención de la Personería Distrital de Santa Marta junto con la Personería del Pueblo como garantes de derechos humanos fue fundamental para facilitar un escenario de concertación. En la reunión participaron el gobernador kogui Atanasio Moscote Gil, representantes de Parques Nacionales, el Ministerio del Interior, Procuraduría y autoridades locales, logrando un acuerdo temporal donde los Koguis aceptarían el cierre mientras se construye una hoja de ruta conjunta.
"Lo importante era evitar la confrontación y abrir un camino institucional", explicó un funcionario presente en la mesa, quien aseguró que el diálogo permitió bajar la tensión sin desconocer las reclamaciones históricas indígenas. El retiro no significó renuncia a sus demandas, sino solamente una tregua temporal.
Exigencias ancestrales y modelo de coadministración
Durante toda la semana de protestas, el mensaje de las comunidades indígenas fue claro y consistente: no abandonarían el parque sin garantías reales del Estado. Sus exigencias, que no son nuevas, incluyen:
- Participación efectiva en la coadministración del Tayrona
- Reconocimiento pleno de autoridades ancestrales
- Reparación para familias afectadas por políticas anteriores
- Condiciones de seguridad dentro del territorio tradicional
En la mesa de diálogo, el pueblo Kogui insistió en avanzar hacia un modelo de relación "de gobierno a gobierno", planteando participación directa en la gestión del área protegida y solidaridad con comunidades campesinas que también dependen económicamente del territorio. El debate ha trascendido lo meramente ecológico para convertirse en una discusión política, cultural y territorial de profundas implicaciones.
Impacto económico inmediato y preocupación comunitaria
La imagen del sábado fue contundente y preocupante para la economía local: accesos cerrados, presencia militar permanente y ausencia total de visitantes. Un escenario impensable para uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano, cuya cerrada impacta directamente a cientos de familias que viven del turismo.
En el sector de Bahía Concha, la incertidumbre se sintió desde las primeras horas de la mañana. Prestadores turísticos y dueños de restaurantes llegaron con alimentos y mercancía lista para vender, convencidos de que podrían trabajar como en días anteriores, cuando el parque permanecía abierto bajo control indígena. Pero encontraron una realidad completamente diferente.
"Trajimos pescado, fritos y bebidas pensando que todo seguía igual. Nadie nos avisó que ya no podíamos entrar. Ahora todo se va a perder", contó un vendedor afectado mientras observaba los controles policiales que impedían el ingreso. Los alimentos perecederos quedaron sin destino y la inversión del día se perdió completamente.
La preocupación crece porque el Tayrona no solo es un santuario natural protegido: representa el sustento diario de muchas familias de Santa Marta y sus corregimientos, incluyendo guías, transportadores, vendedores, cocineros y pequeños empresarios que dependen directamente del flujo turístico.
Fundamento legal y próximos pasos decisivos
Parques Nacionales defendió la medida de cierre mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, argumentando riesgos ambientales, condiciones climáticas adversas y la necesidad de proteger la integridad del área protegida. El Tayrona se ha convertido en el escenario de una discusión histórica sobre quién debe administrarlo y cómo equilibrar la conservación ambiental con los derechos ancestrales de quienes habitan el territorio desde antes de la creación del parque.
El próximo 27 de febrero a las 9:00 de la mañana marcará un nuevo punto de inflexión. En la Secretaría de Gobierno de Santa Marta se realizará la segunda mesa de diálogo, donde las instituciones deberán presentar propuestas estructuradas para definir el futuro del parque. El Ministerio del Interior actuará como garante del proceso mientras se analizan mecanismos de protección para comunidades indígenas y espacios de participación para campesinos del sector.
Las partes coincidieron en un aspecto clave: evitar la estigmatización y manejar con responsabilidad la información frente a la opinión pública. El objetivo ahora es transformar la crisis en una negociación sostenible que pueda establecer precedentes importantes para la gestión de áreas protegidas en Colombia.
Un cierre que no representa victoria para nadie
El cierre total del Parque Tayrona no representa una victoria para ninguna de las partes involucradas. Los Koguis se retiraron sin abandonar sus exigencias históricas, manteniendo viva su lucha por el reconocimiento y la participación. El Estado recuperó el control institucional del área protegida, pero sin resolver el conflicto de fondo que subyace a la situación actual.
Mientras tanto, el parque, símbolo natural del Caribe colombiano, permanece vacío, custodiado, cerrado y en pausa, esperando decisiones que podrían redefinir para siempre la forma en que Colombia entiende la compleja relación entre conservación ambiental, desarrollo turístico y derechos ancestrales de las comunidades indígenas. La tregua alcanzada es solo el primer paso en un camino que promete ser largo y lleno de desafíos para todas las partes involucradas.
