La posible llegada del fenómeno de El Niño ha reavivado un debate que trasciende lo climático: la capacidad del Estado colombiano para anticiparse a riesgos previsibles que pueden afectar derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua y los servicios esenciales.
Advertencia de la Defensoría del Pueblo
En un pronunciamiento publicado el 15 de mayo, la Defensoría del Pueblo advirtió que, independientemente de que se consolide o no este fenómeno climático, las autoridades nacionales y territoriales tienen la obligación de prevenir riesgos y reducir las condiciones de exposición y vulnerabilidad de la población. Según la entidad, “el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir riesgos”, especialmente cuando se trata de amenazas previsibles y recurrentes.
La Defensoría insistió en que la gestión del riesgo no puede activarse únicamente cuando las emergencias ya están presentes, sino que debe ser una tarea permanente. Por ello, sostuvo que la prevención debe entenderse como “un deber permanente y continuo del Estado”, y no como una respuesta tardía frente a una crisis ya instalada.
Contexto climático: probabilidad de El Niño en 2026
La advertencia se da en un escenario de preocupación climática. Según el Ideam y el Ministerio de Ambiente, existe una probabilidad creciente de que se desarrollen condiciones asociadas al fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. En abril, ambas entidades informaron que la probabilidad de configuración del fenómeno podría aumentar progresivamente hasta alcanzar el 90 % a partir de septiembre, mientras que para el último trimestre del año se prevé una intensidad moderada o superior.
Riesgos en embalses, energía y alimentos
Para la Defensoría, la eventual llegada de El Niño puede agravar problemáticas estructurales del país. Uno de los principales riesgos es la presión sobre el sistema energético, asociado a la disminución en los niveles de los embalses. La entidad advirtió que estos hechos “pueden agravar problemáticas estructurales del país”, entre ellas el riesgo de una crisis energética derivada de menores niveles de agua. Esto es clave para Colombia, donde la generación hidroeléctrica tiene un peso significativo y los periodos de sequía suelen encender alertas sobre la disponibilidad de agua para distintos usos.
Sin embargo, el impacto no se limita al sector energético. La entidad también señaló posibles afectaciones en la agricultura y la ganadería, dos sectores que suelen resentir con fuerza los cambios en el régimen de lluvias, las altas temperaturas y la escasez de agua. En ese escenario, la preocupación se extiende hacia la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades rurales o territorios donde ya existen dificultades históricas de acceso a servicios, infraestructura y apoyo institucional.
Presión sobre la salud pública
A esto se suma la presión sobre la salud pública. Las altas temperaturas, la reducción de lluvias y la falta de agua pueden ampliar riesgos sanitarios, sobre todo en zonas con menor capacidad de respuesta institucional. Por eso, la Defensoría insistió en que estos escenarios no pueden tratarse como hechos inesperados, pues “son ampliamente estudiados y permiten anticipar riesgos”, activar la preparación institucional y adoptar medidas eficaces para proteger a las comunidades.
El llamado de fondo: no culpar a la naturaleza
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que los desastres no deben explicarse únicamente por las lluvias, las sequías, el cambio climático o la naturaleza. La Defensoría sostuvo que no es apropiado “culpar a las lluvias, al clima, al cambio climático y a la naturaleza” por las afectaciones asociadas a los desastres. Según la entidad, los hechos críticos se producen también por condiciones de vulnerabilidad acumuladas históricamente, es decir, por la manera en que muchas comunidades permanecen expuestas a amenazas sin contar con medidas suficientes de prevención, adaptación y protección.
En ese sentido, la entidad fue enfática en que la ausencia de acciones oportunas para prevenir y mitigar riesgos puede constituir una grave vulneración de derechos fundamentales. Esta advertencia cobra relevancia porque, según el mismo pronunciamiento, Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático, además de estar expuesto a otros fenómenos como sismos, tsunamis y actividad volcánica.
De acuerdo con la Defensoría, cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el país estarían asociados a factores climáticos, una proporción que ubica a Colombia por encima del promedio global señalado por la entidad. Por eso, el mensaje no se concentra únicamente en el fenómeno de El Niño, sino en la necesidad de fortalecer la planificación pública frente a amenazas recurrentes.
