En el marco de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta, más de 250 académicos, juristas y profesionales del derecho de todo el mundo emitieron una carta abierta en la que sostienen que la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón no es solo una necesidad científica, sino una obligación jurídica vinculante para los Estados.
El fundamento jurídico de la transición energética
El pronunciamiento, respaldado por 252 expertos, plantea que los gobiernos deben fundamentar sus decisiones en el derecho internacional vigente y actuar con urgencia para poner fin a la expansión de los combustibles fósiles, eliminar subsidios y cooperar de buena fe en una transición “justa y equitativa”. Según el documento, esta obligación se desprende de múltiples fuentes del derecho internacional, incluidas normas consuetudinarias, tratados climáticos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho ambiental y el derecho del mar.
Los firmantes enfatizan que la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirma que los Estados deben emplear “todos los medios a su alcance” para prevenir daños significativos al sistema climático, lo que implica actuar directamente sobre la producción y el uso de combustibles fósiles.
Evidencia científica irrefutable
“La evidencia científica es irrefutable”, advierte la carta. Los combustibles fósiles son responsables de cerca del 90 % de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono y constituyen la principal fuente de gases de efecto invernadero. Estas emisiones han generado un problema “existencial de dimensiones planetarias”, con impactos desproporcionados en las poblaciones más vulnerables.
Los expertos sostienen que el deber de prevenir daños ambientales transfronterizos obliga a los Estados a regular tanto a actores públicos como privados bajo su jurisdicción. Esto incluye reducir la producción, el consumo, la financiación y los subsidios a los combustibles fósiles, así como evitar nuevas licencias para su explotación.
Compromisos internacionales y derechos humanos
La carta subraya que los compromisos internacionales existentes, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, deben interpretarse de manera coherente con este objetivo. Aunque estos tratados no mencionan explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles, los firmantes argumentan que sus metas —como limitar el calentamiento global a 1,5 °C— solo pueden alcanzarse mediante una reducción rápida y sostenida de estas fuentes de energía.
El documento también destaca el vínculo entre cambio climático y derechos humanos. De acuerdo con la CIJ y otros tribunales internacionales, el derecho a un medio ambiente sano es condición para el disfrute de otros derechos fundamentales. Por ello, los Estados tienen la obligación de prevenir daños previsibles derivados del cambio climático, incluyendo aquellos asociados a la actividad fósil.
Derecho del mar y responsabilidad estatal
En la misma línea, el derecho del mar impone a los países el deber de prevenir la contaminación marina, incluyendo la causada por emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que los combustibles fósiles son la principal fuente de estas emisiones, su reducción se convierte también en una exigencia jurídica en este ámbito.
Los firmantes advierten que el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear consecuencias legales, como la obligación de cesar actividades dañinas y reparar los perjuicios causados. Incluso, señalan que los daños derivados de la falta de regulación estatal sobre empresas fósiles podrían ser atribuibles directamente a los Estados, activando su responsabilidad internacional.
Responsabilidades comunes pero diferenciadas
La carta también introduce el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, indicando que los países con mayores emisiones históricas y más recursos económicos deben asumir compromisos más ambiciosos, así como apoyar a las naciones en desarrollo en su transición energética. No obstante, enfatiza que todos los Estados, sin excepción, tienen la obligación inmediata de detener la expansión de los combustibles fósiles. Autorizar nuevos proyectos, advierten, es “presumiblemente contrario” a sus compromisos jurídicos.
Cooperación internacional y beneficios globales
Otro de los puntos clave es el deber de cooperación internacional. Según los expertos, los países deben adoptar medidas colectivas y coordinadas para acelerar la eliminación de los combustibles fósiles, incluso mediante la creación de nuevos acuerdos internacionales si los mecanismos actuales resultan insuficientes. Finalmente, la carta concluye que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles no solo es necesaria para evitar daños irreversibles al planeta, sino que también representa beneficios sociales, económicos y ambientales para las generaciones presentes y futuras.
