El despojo silencioso de la Amazonía colombiana
Mientras el mundo debate la transición energética en foros internacionales, en las profundidades de la Amazonía y el Pacífico colombiano se estaría consolidando lo que expertos denominan "la expresión más sofisticada del neoliberalismo: el mercado de bonos de carbono". Este mercado operaría bajo una opacidad absoluta, sin regulación clara y afectando gravemente los derechos territoriales de comunidades indígenas, negras y campesinas.
La alarmante realidad del acaparamiento
Según datos revelados durante la II Conferencia Internacional para las Reformas Agrarias y el Desarrollo Rural (ICARRD+20) en Cartagena, 19 empresas ya controlan más de 19.5 millones de hectáreas en la Amazonía colombiana. Esto significa que aproximadamente el 75% de los territorios disponibles en esta región ya han sido negociados, incluyendo traslapes preocupantes en 1.3 millones de hectáreas con Parques Nacionales Naturales.
Los bonos verdes, diseñados teóricamente para financiar proyectos ambientales, estarían generando un "despojo moderno" que no siempre implica quitar la tierra físicamente, sino expropiar su uso. "El problema es de distribución de usos. Al controlar lo que se puede o no hacer en el bosque, la empresa se convierte en el dueño real, sin importar quién tenga el título", explica Tomás Vergara, investigador del Centro de Alternativas para el Desarrollo (Cealdes).
El poder de veto como herramienta de defensa
Ante esta situación, la Corte Constitucional ha elevado el estándar de protección a niveles sin precedentes. "No es solo consulta; es el poder de decir no. Por primera vez la Corte reconoce que la amenaza es tal, que las comunidades pueden vetar estos proyectos", señala el abogado Joaquín Garzón, investigador de la clínica jurídica de la Universidad Javeriana.
El caso emblemático del Piraparaná demostró cómo estos proyectos, bajo la promesa de conservación, restringían las "chacras" (cultivos de subsistencia), prohibiendo a los indígenas sembrar sus propios alimentos. La Corte identificó que estos contratos comerciales representaban amenazas a la supervivencia física y cultural de las comunidades.
Casos concretos de afectación territorial
Los expertos presentaron dos ejemplos preocupantes:
- El caso Buenaventura: Una empresa reclama 19.000 hectáreas superpuestas a los consejos comunitarios de Mayorquín y Raposo, con títulos de propiedad privada avalados desde Bogotá.
- El caso Tolima: Comunidades campesinas que reforestaron bosques para recuperar la flora y fauna tras la explotación mineral, hoy ven cómo sus bosques son mercantilizados por terceros sin su consentimiento.
La injusticia financiera detrás de los bonos
La trazabilidad financiera revela una profunda desigualdad: mientras las empresas contaminantes ahorran millones en impuestos al comprar estos bonos, las comunidades locales reciben apenas entre el 28% y el 35% del valor real. El resto, entre el 65% y 72%, se queda en una cadena de intermediarios y desarrolladores, muchos con capitales provenientes de las mismas industrias petroleras y mineras que buscan compensar sus emisiones sin dejar de contaminar.
Lo más grave: ante la falta de normativa clara, el Estado colombiano habría dejado de recaudar aproximadamente 2.6 billones de pesos entre 2017 y 2025 debido al mecanismo de no causación del impuesto al carbono. Estos recursos, según los expertos, podrían financiar la sostenibilidad del proceso de paz y las áreas protegidas.
Contratos complejos y derechos vulnerados
En regiones como Guaviare y Vaupés, las comunidades estarían firmando contratos fiduciarios de extrema complejidad técnica, traducidos a lenguas indígenas sin garantías de comprensión real, entregando el control de su territorio por hasta 100 años.
"Colombia está ante un Estado de Cosas Inconstitucional en el mercado de carbono, similar a las crisis de salud o cárceles", sostiene el abogado Garzón. La propuesta jurídica es radical: "Si vamos a regular esto, debe ser con la rigurosidad de la industria financiera o aeronáutica. No puede haber un mercado donde nadie sepa quiénes son los accionistas o cómo se distribuye cada centavo", advierte Vergara.
La Amazonía prácticamente vendida
Así, la Amazonía colombiana estaría prácticamente vendida en un mercado sin ley. La única herramienta inmediata disponible para las comunidades es el ejercicio del poder de veto y la denuncia del greenwashing (lavado verde).
Los expertos concluyen que el aire y la atmósfera son bienes públicos, y tratarlos como un 'negocio de agiotistas' está poniendo en jaque el último pulmón del mundo y los derechos de quienes lo han cuidado por milenios. La alerta máxima está activada mientras continúa el debate en Cartagena sobre cómo proteger los territorios y derechos colectivos frente a este nuevo modelo de acaparamiento.
