La Fiscalía General de la Nación se prepara para llevar a juicio a tres altos funcionarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y contratistas por la catástrofe ambiental ocurrida en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en 2018. EL TIEMPO tuvo acceso al escrito de acusación, que revela la teoría completa del caso. Los acusados son Jorge Ignacio Castaño, exdirector ambiental del proyecto; Santiago García Cadavid, exdirector contractual del Consorcio CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro, exrepresentante legal del Consorcio Ingetec, encargado de la interventoría. La Fiscalía los señala por daños a los recursos naturales, incluyendo suelo, agua, flora, fauna y afectaciones sociales. Además, a Aravi y García se les imputa el delito de peculado por apropiación, por presuntamente desviar recursos públicos por $330 mil millones.
Los hechos que dieron origen a la acusación
El proyecto Hidroituango, que abastecerá de energía al 17% del país y ha tenido sobrecostos por 12,2 billones de pesos según la Contraloría, obtuvo su licencia ambiental en enero de 2009. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que EPM, junto con el constructor y el interventor, decidió implementar un Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y una Galería Auxiliar de Desviación (GAD) sin modificar la licencia ambiental, como era obligatorio. Estas obras, diseñadas para desviar el río Cauca, comenzaron a operar en septiembre de 2017. El 28 de abril de 2018, la GAD colapsó, provocando una emergencia que obligó a inundar la casa de máquinas para evitar el colapso total del proyecto.
Impacto ambiental devastador
Según la acusación, el colapso generó daños graves al recurso suelo, hídrico y fauna. Se registró una mortandad masiva e incalculable de peces, incluyendo especies como el bocachico, el bagre y el dorado, que quedaron varados a orillas del río Cauca. La Fiscalía señala que se alteró el ciclo biológico de los peces y se perdió la conexión entre ciénagas y llanuras inundables, destruyendo hábitats. Además, el desvío permanente del río no estaba previsto en la licencia original.
Peculado por $330 mil millones
El delito de peculado se relaciona con las Actas de Modificación Bilaterales (AMB) firmadas para cambiar los contratos, que implicaron recursos del erario. La Fiscalía sostiene que esos dineros se usaron para construir obras no licenciadas que colapsaron. Santiago García Cadavid, uno de los acusados, defiende su inocencia y asegura que la emergencia fue una contingencia técnica para evitar una tragedia mayor. Afirma que EPM sí gestionó la modificación de la licencia y que un laudo arbitral de 2023 ya eximió al consorcio de responsabilidad. Sobre el peculado, sostiene que no hubo apropiación indebida, sino pago por obras ejecutadas correctamente.
Reacciones de los acusados
García Cadavid declaró a EL TIEMPO que "todo se hizo pensando en salvaguardar vidas" y que los $330 mil millones corresponden a obras reales, ejecutadas conforme a los contratos. Además, señaló que el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio en 2023 concluyó que no fueron responsables de la contingencia ni de los daños ambientales. El acusado también afirmó que la obra está funcionando y no es comparable con otros casos de corrupción.
Antecedentes y otras afectaciones
El Tribunal Superior de Medellín, en una sentencia de 2019, reconoció al río Cauca como sujeto de derechos y advirtió sobre la crisis ambiental. EPM admitió la muerte de 64.758 peces en 2019. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sancionó a la sociedad Hidroeléctrica Ituango por vertimientos y erosión. La Procuraduría también abrió investigaciones. Organizaciones como Ríos Vivos Colombia han denunciado impactos acumulados, como inundaciones y deforestación.
La Fiscalía deberá responder a cientos de solicitudes de pruebas antes de instalar la audiencia formal de acusación. El caso avanza lentamente, con más de 78 páginas de elementos materiales probatorios. El megaproyecto, que entraría en operación plena a finales de 2027, será rentable solo en tres décadas, según la Contraloría.
