Un juzgado federal argentino ordenó este viernes suspender en la provincia de Santa Cruz la aplicación de la polémica reforma a la Ley de Glaciares, impulsada por el presidente Javier Milei y promulgada apenas horas antes por el Poder Ejecutivo. La norma habilita a gobiernos locales a redefinir áreas de explotación minera en zonas periglaciares, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales.
Primer freno judicial a la reforma
La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por el Concejo Deliberante de El Calafate, localidad ubicada a unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia. El fallo consideró que la eventual implementación de un régimen que reduzca los estándares de protección ambiental podría habilitar actividades con impacto irreversible sobre ecosistemas frágiles como glaciares y ambientes periglaciares.
Impacto de la suspensión
Aunque la suspensión rige solo en Santa Cruz, el juez advirtió sobre el “peligro” que supondría la ejecución de la ley y dejó abierta la posibilidad de que se extiendan medidas similares en otras jurisdicciones. La resolución anticipa una seguidilla de acciones judiciales en todo el país.
Ola de demandas en distintas provincias
El gobierno de La Pampa presentó un amparo el mismo día de la aprobación parlamentaria, mientras que organizaciones de juristas y ecologistas acudieron esta semana a la Corte Suprema. Greenpeace también impulsa una demanda colectiva y se preparan presentaciones en al menos seis provincias, según el portal Ámbito.
Contexto ambiental
Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea, entre glaciares y glaciares de escombro. Ambientalistas advierten que la exploración minera o petrolera en estas áreas podría poner en riesgo fuentes de agua vitales y agravar la crisis climática.
