La huella ambiental oculta de las campañas electorales en Colombia
Huella ambiental de campañas electorales en Colombia

La huella ambiental oculta de las campañas electorales en Colombia

En Colombia, las elecciones no solo se anuncian con debates y discursos, sino con una invasión visual en el espacio público. De repente, postes y esquinas se cubren de sonrisas impresas, promesas en letras grandes y colores vibrantes que compiten por la atención. El país entra en modo campaña, transformando calles y plazas en vitrinas electorales. Sin embargo, detrás de este espectáculo visual hay un fenómeno menos visible pero más duradero: el impacto ambiental.

Los materiales persistentes de la propaganda

La publicidad electoral física, como pendones, pasacalles, carteles, vallas y lonas, está fabricada principalmente con PVC, polietileno y otros polímeros sintéticos de alta durabilidad. Estos materiales están diseñados para resistir la intemperie, incluyendo radiación solar, humedad y viento, pero no para desaparecer rápidamente. Cuando termina la jornada electoral, su utilidad política concluye, pero su impacto ambiental persiste por años.

Investigaciones publicadas en revistas científicas como Science of the Total Environment y Environmental Pollution han documentado cómo los plásticos expuestos prolongadamente a radiación ultravioleta y desgaste mecánico se fragmentan progresivamente hasta convertirse en microplásticos. Este proceso, conocido como fragmentación secundaria, genera partículas microscópicas que pueden permanecer durante décadas en suelos y cuerpos de agua. Aunque estos estudios no se enfocan exclusivamente en propaganda electoral, analizan el comportamiento ambiental de los mismos polímeros utilizados en las campañas. Así, un pendón colgado hoy en un puente peatonal puede terminar, con el tiempo, como contaminación invisible.

El contexto colombiano y la gestión de residuos

El problema adquiere una dimensión crítica en Colombia. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el país genera más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año. El Ministerio de Ambiente ha reconocido que menos del 20% se recicla. En ciudades como Bogotá, el relleno sanitario Doña Juana recibe entre 6.000 y 7.000 toneladas diarias de basura, evidenciando un sistema de gestión de residuos bajo presión estructural.

En este escenario, la producción masiva de material electoral introduce una carga adicional de residuos plásticos de difícil aprovechamiento. Las lonas de PVC, por ejemplo, no son fácilmente reciclables en sistemas convencionales debido a su composición mixta y la presencia de tintas. En la práctica, muchas terminan en rellenos sanitarios o en disposición informal, agravando el problema ambiental.

No existen estudios oficiales que cuantifiquen cuántas toneladas de residuos genera una campaña electoral en Colombia. Esta ausencia de datos es significativa: mientras se miden votos, financiación y encuestas, la huella ambiental de la competencia democrática queda en la sombra.

Experiencia internacional y normativa local

La experiencia internacional permite dimensionar el fenómeno. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha documentado cómo los procesos electorales pueden generar incrementos significativos en residuos sólidos asociados a materiales de campaña. En algunos países, elecciones recientes han implicado la producción de miles de toneladas adicionales de desechos en pocas semanas. La Westminster Foundation for Democracy también ha advertido que los procesos electorales contemporáneos están incrementando la contaminación plástica debido al uso masivo de publicidad física de corta duración.

Colombia no es una excepción. Basta recorrer cualquier ciudad en temporada electoral para ver árboles, postes, separadores y puentes convertidos en soportes de materiales sintéticos que, tras la elección, a menudo quedan abandonados o son retirados sin un esquema claro de reutilización o reciclaje.

La Ley 140 de 1994 regula la publicidad exterior visual con el propósito explícito de proteger el paisaje, el espacio público y el medio ambiente. No es una norma estética, sino una herramienta de gestión ambiental urbana. Sin embargo, cada ciclo electoral parece tensionar sus límites y su cumplimiento, revelando una contradicción profunda.

La desconexión entre discurso y realidad ambiental

Colombia es reconocida oficialmente como uno de los países más biodiversos del planeta, albergando cerca del 10% de la biodiversidad mundial. Enfrenta retos críticos en deforestación, transición energética, adaptación al cambio climático y gestión de residuos. Organizaciones como WWF Colombia han insistido en que el país debe acelerar el cumplimiento de sus metas ambientales hacia 2030 para mantener coherencia con sus compromisos climáticos.

Sin embargo, el ambiente rara vez ocupa el centro del debate electoral. Un antecedente revelador lo documentó Mongabay Latam en 2018, cuando 14 organizaciones ambientales analizaron los programas presidenciales de entonces y concluyeron que la mayoría incluía propuestas generales, sin metas claras ni cronogramas definidos en biodiversidad, agua o cambio climático. La crítica no era ideológica, sino técnica: el tema ambiental aparecía como capítulo accesorio, no como eje estructural.

Esta escena se repite con frecuencia. Abundan los pendones, pero escasean las propuestas detalladas sobre economía circular, reducción de residuos, restauración ecológica o planificación territorial sostenible. La campaña habla en grande sobre desarrollo, pero poco sobre cómo hacerlo compatible con los límites ecológicos.

Hacia una democracia sostenible

La pregunta no es si la democracia necesita visibilidad, sino qué tipo de visibilidad queremos en un país que enfrenta crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad. ¿Una que multiplique residuos cada cuatro años o una que dialogue con los desafíos ambientales reales?

Si hoy exigimos a las empresas reportes de sostenibilidad, huella de carbono y responsabilidad extendida del productor, ¿por qué no exigir algo similar a las campañas políticas? Podrían establecerse:

  • Reportes obligatorios de huella material.
  • Planes de retiro y disposición final certificados.
  • Incentivos para materiales biodegradables o reutilizables.

No se trata de restringir la participación democrática, sino de alinearla con el principio de sostenibilidad que la misma política suele invocar.

El paisaje también comunica. Una ciudad saturada de propaganda plástica transmite urgencia competitiva, mientras que una donde la campaña respeta límites ambientales transmite coherencia institucional. En tiempos de crisis ecológica, la democracia no puede seguir produciendo residuos como si fueran inevitables. Si la política quiere hablar de sostenibilidad, debe empezar por practicarla.

Porque el espacio público no es un tablero de competencia, es un territorio compartido. Y el ambiente, a diferencia de los eslóganes, no se retira después de las elecciones.