En el marco de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra esta semana en Santa Marta, líderes y lideresas indígenas de la Amazonia ecuatoriana denunciaron una nueva expansión petrolera impulsada por el Estado de Ecuador, en abierta contradicción —según señalaron— con los debates globales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Denuncia en conferencia internacional
Representantes de las nacionalidades Sapara, Andwa, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar y Shuar, provenientes de la provincia amazónica de Pastaza, llegaron al encuentro internacional como un frente territorial unificado para rechazar las rondas petroleras Sur Oriente y Subandina, anunciadas por el Gobierno ecuatoriano en septiembre de 2025 durante el XX Encuentro de Petróleo y Gas (ENAEP).
De acuerdo con su denuncia, estas licitaciones contemplan la apertura de 11 nuevos bloques petroleros en las provincias de Napo y Pastaza, superpuestos a territorios indígenas y sin haber cumplido con procesos de consulta previa, libre e informada, ni contar con el consentimiento de las comunidades.
Riesgo para ecosistemas clave
Los líderes indígenas advirtieron que esta expansión pone en riesgo cerca de 3 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, una de las regiones más biodiversas del planeta, así como áreas cercanas a la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane.
La alerta adquiere mayor relevancia en un contexto judicial reciente. El Estado ecuatoriano fue sentenciado en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador, y notificado en marzo de 2025, por vulnerar el derecho al no contacto y a la vida de estos pueblos. Pese a ello, las comunidades denuncian que el Gobierno pretende ampliar la frontera petrolera precisamente en zonas donde habitan o transitan estos grupos.
Contradicción con la transición energética
“Mientras el mundo discute cómo dejar atrás el petróleo, Ecuador no está discutiendo cómo salir de él, sino cómo ampliarlo”, señalaron los voceros indígenas durante la conferencia. La contradicción, dijeron, es evidente: más de 50 países participan en Santa Marta en un espacio enfocado en soluciones económicas, fiscales y de política pública para una transición energética, pero Ecuador no tiene un rol visible en esta agenda, pese a su alta dependencia petrolera y a la riqueza ecológica de su territorio amazónico.
Según cifras citadas por las comunidades, cerca del 16 % del territorio ecuatoriano está concesionado a empresas petroleras, y 207 de los 437 territorios indígenas del país se superponen con bloques extractivos, afectando aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados.
Demandas de las comunidades
Frente a este panorama, las nacionalidades amazónicas reiteraron una serie de demandas: rechazar las nuevas licitaciones, denunciar la ausencia de consulta previa, exigir reparación por daños ambientales acumulados durante décadas de actividad extractiva y reclamar el cumplimiento de la Constitución ecuatoriana y del derecho internacional. Además, advirtieron a empresas, inversionistas y entidades financieras sobre las responsabilidades legales y éticas de participar en estos proyectos.
Voces de los líderes
Marcelo Mayancha, de la nacionalidad Shiwiar, afirmó que la Amazonía está en riesgo y reiteró el rechazo a la expansión petrolera. Por su parte, Ana Nango, delegada de la nacionalidad Andwa, cuestionó que los bloques petroleros sean presentados como áreas disponibles, cuando en realidad corresponden a territorios ancestrales. “Es nuestro hogar”, enfatizó, al señalar que las nuevas generaciones se oponen a la explotación.
Juan Carlos Ruíz, presidente de la nacionalidad Sapara, sostuvo que los pueblos de Pastaza han alcanzado un consenso para defender sus territorios y enviar un mensaje al mundo: “No queremos que se expanda la frontera petrolera. En nuestros territorios habrá vida, no petróleo”.
Respaldo internacional
La denuncia también recibió respaldo de organizaciones indígenas de otros países amazónicos. Patricia Suárez, asesora de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), expresó solidaridad con las comunidades ecuatorianas y afirmó que existe un mandato cultural compartido: los recursos del subsuelo deben permanecer allí.
En su pronunciamiento final, las nacionalidades indígenas de Pastaza insistieron en que la Amazonía no puede seguir siendo tratada como una zona de sacrificio ni como un conjunto de bloques petroleros negociables. Subrayaron que lo que está en juego no es solo un modelo energético, sino un sistema vital que regula el clima global, almacena carbono, protege la biodiversidad y sustenta la vida de los pueblos indígenas.
“Lo que está en riesgo no es únicamente el presente y futuro de los pueblos indígenas, es el equilibrio de uno de los territorios más importantes del planeta”, concluyeron.
