De la ilegalidad al servicio comunitario: el nuevo destino de la madera incautada en Cundinamarca
El material forestal que alguna vez circuló de manera ilegal por las carreteras del país ahora encuentra un propósito social en Cundinamarca. La madera decomisada en operativos de control ambiental está siendo reutilizada en obras públicas mediante convenios con alcaldías municipales y comunidades indígenas, en un proceso que busca dar utilidad social a estos recursos incautados.
Un centro clave para la transformación
Este aprovechamiento se coordina desde el Centro de Atención y Valoración (CAV) de Flora de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), ubicado en Mosquera, que recientemente cumplió una década de funcionamiento. Este espacio fue creado bajo el marco de la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente, que obliga a las autoridades ambientales a contar con instalaciones para custodiar flora y fauna incautadas.
En este centro se recibe la madera aprehendida en operativos realizados por la CAR con apoyo de la Policía Nacional, principalmente en ejes viales donde se detecta tráfico ilegal de productos forestales. Los decomisos ocurren cuando no se presentan permisos de aprovechamiento o salvoconductos que respalden el transporte del material.
Almacenamiento y destino social
Actualmente, el CAV almacena aproximadamente 902 metros cúbicos de madera incautada, que forman parte de procesos sancionatorios adelantados por las direcciones regionales de la CAR. Un equipo técnico especializado se encarga de su manejo bajo condiciones adecuadas para garantizar su conservación y posible reutilización.
Según Mercy Johane Ospina Cuartas, directora técnica ambiental de la CAR, este material no permanece indefinidamente almacenado. A través de convenios interadministrativos, la madera es entregada a entidades territoriales que la solicitan, con la condición de que se destine a fines de interés público y social.
Municipios y comunidades beneficiadas
Hasta el momento se han suscrito nueve convenios con los municipios de El Peñón, Puerto Salgar, Villagómez, Cabrera, Pacho, Chiquinquirá, Paime, Yacopí y Tena. Además, se han establecido acuerdos con el Cabildo Indígena Muisca de Chía y el Resguardo Indígena de Cota.
En estos territorios, la madera se utiliza en:
- Obras de mitigación del riesgo
- Adecuación de estructuras de uso público
- Reforzamiento de infraestructura comunitaria
Este proceso permite transformar un recurso incautado en infraestructura tangible para las comunidades, generando un impacto positivo directo.
Impacto cuantitativo y formativo
Las cifras revelan la magnitud del material procesado. En diez años, el CAV de Flora ha recibido cerca de 1.177 metros cúbicos de madera, volumen que, según la CAR, sería suficiente para construir más de 50 viviendas de entre 100 y 120 metros cuadrados.
Además de su función operativa, el centro se ha convertido en un espacio de formación. Allí se realizan actividades de capacitación dirigidas a:
- Funcionarios de la CAR
- Integrantes de la Policía Nacional y el Ejército
- Otras autoridades ambientales
- Estudiantes universitarios y centros de investigación
- Entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Un modelo referente
Desde la CAR destacan que este modelo ha permitido consolidar el CAV de Flora como un punto de referencia para otras autoridades ambientales. No solo por su capacidad de almacenamiento, sino por el uso social que se le da al material decomisado y su aporte a procesos de formación técnica en el sector forestal.
Este enfoque integral demuestra cómo los recursos incautados pueden tener una segunda vida al servicio de las comunidades, transformando un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo local.
