Procuraduría ordena preparación inmediata para El Niño 2026 con 19 medidas obligatorias
Procuraduría exige preparación para El Niño 2026 o habrá sanciones

Procuraduría exige a entidades estatales activar planes contra El Niño 2026

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una orden contundente a decenas de entidades del Estado para que activen de manera inmediata planes de preparación frente al fenómeno de El Niño, que se prevé ocurra entre el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027. La entidad advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en investigaciones disciplinarias, subrayando la urgencia de la situación.

Circular 001 de 2026: 19 mandatos obligatorios

La instrucción quedó consignada en la Circular 001 de 2026, emitida el 17 de abril, que establece un conjunto de 19 mandatos dirigidos a:

  • Ministerios
  • Gobernaciones y alcaldías
  • Corporaciones Autónomas Regionales
  • Entidades del sector energético, agua y salud

El objetivo principal es mitigar los efectos de un evento climático que, según organismos internacionales, tiene alta probabilidad de ocurrencia y podría impactar áreas críticas como la agricultura, la energía de las hidroeléctricas y la salud pública.

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Probabilidades y advertencias internacionales

Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, hay una probabilidad del 61% de que El Niño surja entre mayo y julio de 2026 y persista hasta al menos finales de ese año. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que la probabilidad se incrementa paulatinamente hasta cerca del 40% en ese mismo período, mientras que el Columbia Climate School International Research Institute determinó probabilidades en el rango del 72% al 80% a partir de mayo-julio.

En Colombia, el fenómeno de El Niño se traduce típicamente en:

  • Menos lluvias y más calor
  • Mayor riesgo de incendios forestales
  • Problemas en el suministro de agua y energía eléctrica

Durante el fenómeno de 2024, el nivel de los embalses cayó a 28,6%, el más bajo en 25 años, mientras que el precio de la energía se incrementó más de 200%, evidenciando los graves efectos económicos y sociales.

Medidas específicas por sector

Entre las principales órdenes, la Procuraduría exigió:

  1. A gobernaciones y alcaldías: Activar de inmediato los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y actualizar planes de contingencia frente a incendios forestales y desabastecimiento de agua, priorizando el consumo humano.
  2. A las Corporaciones Autónomas Regionales: Instalar sistemas de medición en tiempo real del nivel de los ríos, evaluar la suspensión de quemas abiertas en zonas agrícolas, e intensificar el monitoreo en páramos y humedales para prevenir la muerte de fauna silvestre.
  3. Al Ministerio de Minas y Energía: Adoptar medidas para garantizar que no haya apagones, optimizando la gestión de los embalses, fortaleciendo fuentes alternas de generación de energía y estableciendo mecanismos de seguimiento permanente.
  4. A las secretarías de salud: Reforzar programas de control de dengue, zika y chikunguña, y vigilar la calidad del agua en fuentes superficiales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.
  5. A la Superintendencia de Servicios Públicos: Exigir a las empresas de acueducto y energía la actualización de sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), garantizando fuentes alternas de abastecimiento.

Plazos y consecuencias por incumplimiento

Todas las entidades destinatarias de la circular deben enviar a la Procuraduría, a más tardar el 30 de junio de 2026, un informe detallado que incluya:

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  • Identificación de riesgos en su territorio
  • Medidas específicas con cronograma y responsables
  • Recursos técnicos, humanos y financieros destinados
  • Indicadores para medir la efectividad de las acciones

La circular advirtió explícitamente que el incumplimiento “podrá dar lugar a acciones disciplinarias, de conformidad con la normativa vigente”, y que la Procuraduría Delegada adelantará un seguimiento estricto al cumplimiento de estas directivas. Esta medida busca asegurar una preparación anticipada que sea clave para mitigar los impactos del fenómeno de El Niño en Colombia, protegiendo tanto la infraestructura como la población vulnerable.