Tutela judicial busca frenar sacrificio de 80 hipopótamos en Colombia
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, en Antioquia, admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Andrés Felipe Alzate Builes contra el plan del Gobierno Nacional de sacrificar 80 hipopótamos en la región del Magdalena Medio. Sin embargo, el despacho judicial negó la medida cautelar que solicitaba la suspensión inmediata del procedimiento y otorgó un plazo de 48 horas a las entidades demandadas para que justifiquen su decisión.
Entidades demandadas y argumentos presentados
La tutela fue interpuesta contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Presidencia de la República y cuatro corporaciones autónomas regionales. El juez Alexis Fernando Pulgarín Baena vinculó de oficio a las corporaciones Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), entidades que no habían sido identificadas inicialmente por el accionante.
En su escrito, Alzate Builes alegó presuntas vulneraciones al debido proceso, al derecho a un ambiente sano, a la protección de la biodiversidad y a los principios de bienestar animal. El demandante sostuvo que "los animales son seres sintientes" con un valor intrínseco independiente de su utilidad para los seres humanos.
Entre las solicitudes específicas presentadas en la tutela se encuentran:
- Suspender cualquier acción de sacrificio de hipopótamos
- Implementar métodos no letales como anticoncepción, esterilización y traslado
- Garantizar la participación de expertos y universidades en la toma de decisiones
- Establecer mecanismos de transparencia durante todo el procedimiento
Decisión judicial y plazos establecidos
El juez Pulgarín Baena consideró que no existía "evidencia de un perjuicio irremediable que requiera la intervención urgente del juez constitucional", argumento con el que rechazó la solicitud de medida provisional. El despacho judicial otorgó:
- Un día al accionante para aportar pruebas anunciadas en el escrito, incluyendo noticias, comunicados y estudios científicos
- 48 horas a las entidades demandadas para rendir un informe detallado
El juez advirtió que, en caso de incumplimiento por parte de las entidades demandadas, tomará por ciertos los argumentos del demandante. La decisión de fondo sobre el caso deberá emitirse dentro del plazo constitucional de 10 días desde la admisión de la tutela.
Contexto del plan gubernamental
La acción judicial responde al anuncio realizado el 13 de abril por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, quien oficializó mediante circular una estrategia que contempla eutanasia química y caza de control para 80 ejemplares de hipopótamos, con un presupuesto asignado de 7.200 millones de pesos.
Esta determinación se adoptó después de que el Gobierno agotara intentos de translocación internacional hacia países como México, India, Filipinas, Sudáfrica, Ecuador, Perú y República Dominicana. La ministra Vélez atribuyó el fracaso del traslado internacional al "silencio administrativo" de los países receptores.
Sin embargo, la asociación mexicana AZCARM sostuvo públicamente que cuenta con permisos CITES y financiación para recibir 10 ejemplares, versión que contradice la explicación oficial proporcionada por el Gobierno colombiano.
Población actual y esfuerzos de control
La población actual de hipopótamos en Colombia se estima entre 160 y 220 ejemplares, con una tasa reproductiva anual del 9,6%. Las proyecciones indican que esta cifra podría llegar a 1.307 individuos en el año 2060 si no se implementan medidas de control efectivas.
Entre 2021 y 2026, las autoridades ambientales esterilizaron aproximadamente 35 hipopótamos mediante:
- 24 aplicaciones de contracepción química con el producto GonaCon
- 13 intervenciones quirúrgicas de esterilización
Tres hembras murieron por complicaciones durante los procedimientos de esterilización. La meta inicial del Gobierno era realizar 20 esterilizaciones quirúrgicas en 2023 y 40 anuales desde 2024, pero solo se concretaron 6 intervenciones. Las autoridades explicaron que los animales dejaron de entrar al corral donde se colocaba el cebo utilizado para la captura.
Cada esterilización quirúrgica tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos, lo que representa una inversión significativa en los esfuerzos de control poblacional.
Posiciones encontradas en el debate
El plan del Gobierno ha generado reacciones diversas entre diferentes sectores de la sociedad colombiana:
- El senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, calificó la resolución ministerial como "la pena de muerte"
- El representante Juan Carlos Losada propuso declarar a los hipopótamos "patrimonio faunístico especial"
- Las comunidades de Doradal y Puerto Triunfo rechazaron el plan por el valor económico que representa el avistamiento turístico en la zona
- El Instituto Humboldt, la Universidad Nacional, la científica Brigitte Baptiste y la Procuraduría General de la Nación respaldaron las medidas letales, considerando las proyecciones poblacionales de la especie
Otros procesos judiciales en curso
La tutela de Bello no es el único frente legal activo en relación con los hipopótamos en Colombia:
- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó en 2024 un fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno erradicar la especie en el largo plazo por la vulneración de derechos colectivos al ambiente sano. La decisión quedó en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin fallo definitivo.
- El abogado animalista Luis Domingo Gómez Maldonado mantiene una demanda de nulidad contra la Resolución 346 de 2022, mediante la cual se declaró al hipopótamo como especie invasora. El proceso fue radicado en el Consejo de Estado en abril de 2022 y contó con audiencia pública el 28 de julio de 2023, presidida por el consejero ponente Oswaldo Giraldo López. La sentencia aún no ha sido emitida.
El Ministerio de Ambiente expuso su posición el 15 de abril a través de su cuenta en la red social X: "Colombia enfrenta un problema ambiental creciente por la expansión del hipopótamo como especie exótica invasora. El Estado ya ha avanzado en una ruta técnica e institucional para atender esta situación".
